Mercado Inmobiliario
En la nueva reunión que mantuvieron los respectivos equipos negociadores liderados por el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, y la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, el primero trasladó a la segunda, en nombre del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, una serie de propuestas para la eventual ley estatal de vivienda, pero de nuevo sin incluir la regulación de los precios de los alquileres. Fuentes del Ministerio indicaron a Servimedia que con estas propuestas pretendían impulsar definitivamente la ley y que no hay fecha para un nuevo encuentro.
En concreto, Transportes propone una definición clara para que los ayuntamientos puedan aplicar el recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a aquellas viviendas vacías durante más de dos años, con un mínimo de cuatro viviendas por propietario, salvo causas justificadas de desocupación temporal, tasadas por la ley. Asimismo, propone que los ayuntamientos puedan modular el recargo previsto de la cuota líquida del IBI.
Para impulsar la vivienda protegida en alquiler a precio limitado, el Ministerio propone establecer un porcentaje mínimo del 50% para vivienda protegida en alquiler dentro del suelo de reserva para vivienda sujeta a algún régimen de protección pública tanto en actuaciones de nueva urbanización como en actuaciones de reforma o renovación de la urbanización.
Respecto a los desahucios, el tema en el que la coincidencia es mayor, propone mejoras para garantizar una comunicación efectiva y rápida entre el órgano judicial y los servicios sociales a través de un requerimiento para que estos evalúen la situación y, en su caso, atiendan rápidamente a las personas en situación de vulnerabilidad económica o social. Con ello, pretende asegurar que los servicios sociales puedan ofrecer soluciones habitacionales, ya sean municipales, autonómicas, las previstas con recursos del Estado o las que puedan acordarse con el resto de administraciones o con el sector privado, evitando situaciones de desamparo como consecuencia del desalojo.
Además, propone introducir en el procedimiento criterios objetivos para determinar las situaciones de vulnerabilidad económica, con independencia de los criterios que puedan establecerse para determinar la vulnerabilidad social, para simplificar y agilizar el procedimiento e identificar las situaciones a las que se debe dar respuesta.
Tras estas propuestas, fuentes de la Vicepresidencia Segunda que mañana abandonará Pablo Iglesias para concurrir a las elecciones de la Comunidad de Madrid ya califican de “estancada” la negociación para la ley, debido, insisten, a “la resistencia por parte del PSOE a cumplir con el acuerdo de Gobierno en lo referente a la regulación del alquiler”. En dicho texto, ambas formaciones se comprometieron a facultar a las comunidades autónomas y ayuntamientos para fijar un tope de precio en las zonas urbanas que declaren tensionadas.
“El equipo de Transportes ha insistido de nuevo en su apuesta por los incentivos fiscales sin presentar datos que avalen que esta medida antisocial pueda repercutir en una bajada de precios del alquiler y alineándose con las tesis del PP en lugar de hacerlo con las del bloque de investidura”, denunció Unidas Podemos, apelando, como las últimas semanas, a que el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha asegurado que esta vía no servirá para bajar los precios del alquiler en las zonas tensionadas.
En relación a los mecanismos para movilizar las viviendas vacías, de las que según el INE hay 3,4 millones en España, Unidas Podemos atestigua también “un desacuerdo importante” con su socio de Gobierno, pero interpreta, a tenor de la propuesta del PSOE de permitir modular el IBI a las viviendas vacías, que “se están aproximando las propuestas para establecer algún tipo de recargo fiscal que penalice la tenencia” de un piso sin usar, como siempre han pedido desde el equipo de Belarra. Incluso respecto a los desahucios, la delegación de la Vicepresidencia, aun constatando que “se están produciendo avances”, puntualizó que “no se ha cerrado un acuerdo”.
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