Piden poner la vivienda ‘para vivir y no para especular’ en la agenda electoral

Son muchas las voces que recuerdan que la vivienda es un bien de primera necesidad y no un valor para especular y la de UGT es una de ellas. El sindicato considera que hay que ir más allá en las políticas de vivienda dado que en 2018 perdieron sus hogares casi 60.000 familias. Y por ello, insta los partidos políticos a incluir en sus programas electorales, como una prioridad, el garantizar una vivienda digna y asequible a todos los ciudadanos, dando a ésta “un valor de uso y no de mera inversión y búsqueda de rentabilidad”.

El sindicato muestra su preocupación ante la evolución de las ejecuciones hipotecarias y desahucios, en vista de que los “Datos sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales constatan que la imposibilidad de pagar el alquiler está detrás ya de dos de cada tres desahucios y que 37.285 familias se vieron afectadas por esta situación, lo que ha supuesto un aumento de un 4,5%. Subrayando que a “si a este porcentaje le añadimos lo que sucedió en 2017 (4,3% de las familias que vivían en alquiler fueron desahuciadas) podremos tener una idea de lo que viene sucediendo y de la necesidad de aplicar, cuanto antes, políticas sociales eficaces en materia de vivienda”.

El decreto del Gobierno, insuficiente

UGT considera que el acceso a la vivienda, bien sea en propiedad o en alquiler, necesita de soluciones inmediatas y afirma que, aunque el nuevo RD Ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, aprobado por el Gobierno, “mejora la anterior normativa de 2013 y va en la buena dirección, las medidas que incluye no son suficientes”.

El sindicato entiende que hay que seguir en este camino y aplicar políticas tendentes a solucionar el grave problema que sufren miles de familias a la hora de acceder a una vivienda digna, adecuada y accesible.

Para ello propone varias medidas. La primera, encontrar una solución habitacional antes de aplicar cualquier desahucio, lo que –a juicio de la organización sindical, requiere una auténtica coordinación entre los órganos judiciales y los servicios sociales. Obligando a garantizar los medios económicos y materiales necesarios, tanto en la Administración de Justicia como en los Servicios Sociales.

Además, reclama “promover mecanismos para que aquellas familias que pierdan su vivienda habitual como consecuencia de una ejecución hipotecaria puedan permanecer en su domicilio o acceder a una vivienda social en régimen de alquiler, a precios acordes con su nivel de renta”.

Igualmente creepreciso establecer una norma legal de segunda oportunidad, “en línea con los países más avanzados de nuestro entorno, que evite la expulsión de la vivienda, a aquellas familias que no pueden hacer frente a la hipoteca y actúen de buena fe (hogar insolvente, no doloso)”.

Y finalmente, considera necesario “potenciar actuaciones, desde el ámbito estatal, para la constitución de grandes Parques Públicos de Alquiler Social, en el ámbito de las Comunidades Autónomas y las entidades locales”. Con el objetivo de “acercarnos a las cifras de vivienda en alquiler que se dan en la UE (mientras en España apenas llegamos al 17%, en la UE las viviendas en alquiler representan el 30,8%).

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