Una sanitaria hace una prueba PCR en Madrid.
Según sostiene el sindicato, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso podría haber vulnerado la reforma laboral, aprobada en diciembre de 2021, ya que esta norma “no contempla la posibilidad de que las Administraciones Públicas puedan ejecutar despidos colectivos”. “Si la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid considera el argumento de CCOO, los y las profesionales despedidos deberán ser readmitidos con abono íntegro de los salarios de tramitación”, señala la organización sindical, que representa en sendas demandas individuales, a 22 de estos profesionales despedidos.
La Dirección General de Salud Pública contrató, desde marzo de 2020, a más de 150 titulados medios y titulados superiores de disciplinas relacionadas con Ciencias de la Salud, Biología o Trabajo Social, para la detección precoz de casos de Covid-19 y para el seguimiento de casos y sus contactos estrechos en la Comunidad de Madrid. Unos contratos, recuerda, que “fueron prorrogados (que no renovados) en tres ocasiones (1 de enero de 2021, 1 de julio de 2021 y 1 de enero de 2022)”.
CCOO defiende en la demanda que estos profesionales, antes de ser despedidos, “prestaron servicios en otras tareas, que si bien son propias de la Consejería de Sanidad, no tienen relación con las que originaron la contratación”. Asimismo, alega “que partiendo de la situación actual derivada del Covid y del mantenimiento de personal (50 profesionales) que hace idénticas funciones a las que venían realizando las personas despedidas, no es cierto que haya finalizado la obra o servicio para la que fueron contratados/as”.
“A esto se suma que más de 100 extinciones de contrato, que se hicieron efectivas a fecha 30 de junio de 2022, se considera por ley un despido colectivo, ya que afecta a más de 30 trabajadores/as de una plantilla de más de 300 trabajadores/as, y que no ha sido contemplado como tal”, destaca CCOO. Una medida que, censura, “no fue comunicada a la representación legal de los trabajadores ni se ha entregado documentación justificativa de ningún tipo a pesar de haber sido solicitada expresa y reiteradamente”.
El sindicato defenderá que “se produjo un fraude generalizado en la contratación y pedirá que se declare la nulidad el despido colectivo”, al entender que las finalizaciones de contrato “son contrarias a derecho y causan indefensión, por no ser cierto que haya concurrido el fin de obra o servicio para el que fueron contratados”.
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