Optimizar es la procura principal de los economistas. Con la disrupción criptoeconómica -hay una evidente gran ruptura tecnológica, una nueva «teoría del valor» propia de la nueva provincia económica y una dinámica institucional revolucionaria- surgen procesos que impactan el funcionamiento de la economía y esferas asociadas. Por lo cual, la necesidad de atenderlas, junto con las bases y los cauces óptimos para esa atención.
Es cierto, como tantos repiten, apoyados en el FMI, que aún la criptoeconomía no compromete la estabilidad de los sistemas económico, financiero y monetario; pero, la velocidad de los cambios en el nuevo campo y el mantenimiento de riesgos y problemas en la economía real -agravada por las derivas mercantilistas y populistas actuales- aconseja el conocimiento y seguimiento, tanto de las ventajas asociadas a sus procesos y sus exigencias, como a la necesaria toma de decisiones acerca de las condiciones para su mejor resultado.
Porque es que pasa que la banca conocida, los sistemas de pagos internacionales, el modelo de poder del sistema bancario, las autoridades monetarias, la propia definición de la economía global, los instrumentos de política, los desarrollos tecnológico y tecnoeconómico, el marco deontológico para la prospectiva y la estrategia económica globales, etc., serán influidas y modificadas hasta límites desconocidos ahora.
Los parámetros de los procesos por venir derivarán: a) del dinamismo y la variabilidad del sistema financiero y monetario actual y por venir y su entorno, retratado por el Foro Económico Mundial (WEF); b) de cambios prospectivos importantes por el surgimiento de nuevos escenarios tecnoeconómicos; c) de la imperiosidad de una aproximación a una ética y unas políticas apropiadas a la definición y conducción de los nuevos e inéditos cambios; d) del renovado valor de la formulación de estrategias de largo alcance, con base proactiva, colaborativa y de incentivos múltiples y e) del desarrollo de capacidades de gestión sobre la misma base.
En lo personal nos interesa sobremanera el gran tema de las bases y cauces para la atención del proceso disruptivo y los nuevos desarrollos derivados.
Cómo dicho en artículos anteriores, los nuevos procesos y realidades exigen una ética y unas políticas que garanticen no sólo la cabal regulación de la criptoeconomía, lo cual pareciera ser la preocupación central de muchos, sino también los mejores cauces para el desarrollo y la legalidad general y específica relativa al campo.
Un reciente informe del Staff of Global Legal Research Directorate de The Law Library del Congreso de EEUU repasa el importante devenir en cuatro años, tanto en la importancia de la criptoeconomía -de unas quince jurisdicciones nacionales o bloques, a más de ciento treinta, con grandes cambios- como en la atención de los temas de la ley y las políticas.
En esos cuatro años, la criptoeconomía se hizo ubicua y resulta evidente que los países, bloques -y organismos globales, agregamos nosotros- se ocupan de su desarrollo, legislación y regulación. Sus patrones serán objeto de nuestra atención en artículos posteriores.
Desde la perspectiva venezolana interesa señalar que el país aparece, junto a las Islas Marshall, los estados miembros del Banco Central del Caribe Oriental (ECCB) y Lituania, como jurisdicciones que han dado un paso adelante a la creación de sus propios sistemas nacionales de criptomonedas.
Empero, falta. El énfasis en un manejo conjunto de los asuntos del desarrollo, la legislación -general y específica- y la normativa regulatoria resulta en una conclusión necesaria: la optimización del derrotero a partir del evidente proceso disruptivo, para las mejores formas de la inevitable recomposición.
***Santiago J. Guevara G., es economista venezolano, experto en Prospectiva, Estrategia y Gestión. Profesor universitario jubilado. Ejerce la Coordinación Adjunta de la Materia Interescuelas de FACES-UC (Universidad de Carabobo) en «Gerencia y Finanzas de Criptomonedas y Criptoactivos» y es facilitador del Diplomado en Criptomonedas del Ceate-FACES-UC. Es líder promotor del «Grupo de Deontología de la Criptoeconomía», basado en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo
