Si hace unos días decenas de sindicalistas insultaban a la magistrada a las puertas del juzgado de Sevilla, ahora estos ataques han dejado paso a la sorpresa y la extrañeza. Las decisiones de la jueza Mercedes Alaya no dejan a nadie indiferente. Si hace unos días decenas de sindicalistas insultaban a la magistrada a las puertas del juzgado de Sevilla por la detención del secretario de UGT en Cádiz, y Salvador Mera, en el ‘caso de los ERE’, ahora estos ataques han dejado paso a la sorpresa y la extrañeza.
La decisión de Alaya de archivar la causa abierta contra seis empresarios imputados por la trama de Mercasevilla, entre ellos dos hermanos de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha provocado caras de asombro en algunos círculos políticos y jurídicos de Madrid.
En estos ambientes no se muerden la lengua a la hora de criticar el gusto de la jueza por imputar o meter en la cárcel a cualquiera que se le pone a tiro, tal y como demuestra con su investigación en torno a los expedientes de regulación de empleo.
Una característica de la que, casualmente, no ha hecho gala cuando en la causa estaban, nada más y nada menos, que los familiares de la titular de Empleo.
