Merkel sigue empeñada en que los Estados, en este caso el español, garanticen la deuda de los bancos. Es ella la defensora de un esquema que obliga a los contribuyentes europeos a cargar con la mala gestión de compañías privadas.
Más aún, con esta actitud la canciller no funciona como la representante política del pueblo alemán que le ha entregado el poder en las urnas. Lo que hace es poner el poder que se la ha transferido al servicio de los bancos alemanes.
Porque es para ellos para quien trabaja. Para conseguir que la mala gestión del riesgo realizada por los responsables de las autoridades financieras alemanas no devenga en una crisis del sistema financiero, ni en responsabilidades civiles o penales de los empresarios privados implicados en la estafa.
Es, desde luego, a la casta financiera germana a quien protege y no al contribuyente alemán a quién asegurar la posibilidad de que los clientes potenciales de sus exportaciones tengan dinero para comprara es lo que realmente le conviene.
No lo contrario. No esa regla de oro fiscal que, en los casos de España o Irlanda, sumada al obligatorio aval del Estado del que hablábamos antes, sólo sirve para hacer responsables de deudas privadas al conjunto de los ciudadanos de Europa, los de los países rescatados y los ciudadanos alemanes cuya economía quedará paralizada por el exceso de austeridad impuesto sobre un mercado que es el destinatario del 40% de los bienes que producen.
