Las Diputaciones

Estamos de administraciones públicas hasta las orejas. Empezamos en Bruselas, acabamos en la Junta Municipal del Distrito y por el camino nos pasamos la vida visitando ventanillas, peor que en los tiempos de Larra, y volviendo mañana porque un día nunca es suficiente. Cuando más escuchamos promesas para simplificar la burocracia, más nos agobia el papeleo necesario para poder moverse por la vida aunque sea a pie. En este país, donde tenemos ayuntamientos cuyo censo no llega para cubrir el número de concejales, los organismos se multiplican y los cargos nos comen los presupuestos. Nadie quiere oír hablar de fusiones, para nada. Y menos aún si se trata de suprimir. Tal parece que nos encanta pagar impuestos para que otros puedan sentarse alrededor de una mesa de reuniones y lucir una tarjeta de visita. Cuentan de un famoso intelectual que en el lecho de muerte reunió a sus familiares más allegados y con voz vacilante, se despidió de ellos en los siguientes términos: “Me muero satisfecho de haber contado con vuestro cariño, pero con dos frustraciones en la vida. Una es no haber conseguido entender a las mujeres y la otra no haber logrado saber para qué sirven las diputaciones provinciales”. Pues no era el único. Varias décadas después somos muchos los que seguimos sin saber para qué sirven las diputaciones cuando ya contamos con autonomías, parlamentos regionales, consejerías, delegaciones del Gobierno, alcaldías, concejalías de servicios, alcaldes pedáneos, etcétera, etcétera. Las voces que claman en el desierto, ahora que estamos de recortes y atisbos de racionalización, por la desaparición de las diputaciones lo siguen teniendo crudo. Ahorraría mucho dinero transfiriendo sus funciones y servicios, tan propicios además para la cosa caciquil, pero la cosa no es fácil. Para empezar, y ese es el gran argumento para los defensores y beneficiados, habría que cambiar la Constitución que les proporciona carta legal de naturaleza. Mientras las seguiremos pagando.