Conseguir la excelencia profesional basada en una mejor formación, inicial y continuada, en el rigor deontológico, en la adaptación al mundo tecnológico y en nuestra función social. Muchos han sido los logros de la Abogacía institucional en estos años que han contribuido a mejorar el ejercicio profesional y, por consiguiente, los derechos de los ciudadanos. Pero debemos exigirnos mucho más porque la Abogacía tiene un papel esencial en el Estado de Derecho. Conseguir la excelencia profesional basada en una mejor formación, inicial y continuada, en el rigor deontológico, en la adaptación al mundo tecnológico y en nuestra función social es el objetivo que nos hemos impuesto y en el que estamos trabajando. Pero veamos también alguno de esos logros a los que me refería:
Ley de Acceso y Máster de la Abogacía. Una formación que garantice mejores abogados desde el inicio y una mejor defensa para todos los ciudadanos es una de las reivindicaciones históricas de la Abogacía. Siempre hemos exigido que la formación de jueces, fiscales o abogados sea similar para que haya igualdad entre todas las partes del proceso. Nos sentimos muy orgullosos de la Ley que entró en vigor en 2011, pero seguimos peleando porque el Máster sea eminentemente práctico, al igual que la prueba de acceso. El Grado forma juristas, pero el Máster debe formar abogados.
Eliminación de las tasas judiciales para las personas físicas. La implantación de las tasas judiciales fue uno de los mayores atentados que se han producido en democracia contra el derecho a la tutela judicial efectiva. Por eso la Abogacía se opuso a ellas desde el momento mismo en que se insinuó su implantación. La lucha – en los despachos, en la calle y en las redes sociales, durante tres años- de toda la Abogacía, con el apoyo de los operadores jurídicos, partidos políticos, sindicatos, asociaciones de usuarios y consumidores, la Plataforma Justicia para Todos y los ciudadanos hizo que el Gobierno revisara la Ley de Tasas, apenas dos meses después de su implantación y que, finalmente, las eliminara para las personas físicas. La Abogacía sigue luchando para que se eliminen completamente para Pymes y ONG.
Ley de Servicios y Colegios Profesionales. Los últimos Gobiernos han tenido en mente modificar la Ley de Servicios y Colegios Profesionales de manera unilateral y por imposición. Según los borradores que se difundieron, en lugar de modernizarlos, en lo que se refiere a la Abogacía, se trataba de dividir la profesión, reducir su influencia, impedir el ejercicio del control deontológico, limitar injustificadamente al mínimo sus ingresos y aumentar sus obligaciones y responsabilidades. Todo bajo el control anticonstitucional y antidemocrático de la Administración. Desde luego que no nos oponemos a que se revise esta Ley, pero debe hacerse mediante el diálogo abierto y constante con las corporaciones afectadas, y nunca sin tener en cuenta las consecuencias que una decisión infundada puede acarrear.
Asistencia Jurídica Gratuita. Es de sobra conocido el compromiso de la Abogacía con el derecho universal de acceso a la justicia. Este compromiso se agudiza aún más si te trata de garantizar la tutela judicial efectiva de los ciudadanos con menos recursos. Por eso, los decanos de todos los Colegios de España, los consejeros no decanos y los miembros de la Junta de Gobierno salimos a la calle- con toga- en contra de un proyecto de Ley de Justicia Gratuita que amenazaba con dinamitar un servicio público eficiente atendido por casi 44.000 abogados 24 horas al día, 365 días al año. Aquella Ley no prosperó y ahora, el ministro de Justicia en su toma de posesión pidió perdón a los abogados de Oficio por los retrasos en el pago de sus honorarios y prometió crear un grupo de trabajo para analizar y solucionar sus problemas, que son muchos y, en todo caso, afectan a los ciudadanos más desprotegidos.
Derecho de Defensa. Una de las reclamaciones más reiteradas por la Abogacía es la aprobación de una Ley Orgánica que regule el Derecho de la Defensa para garantizar la libertad y la independencia de los abogados. Ya enviamos un borrador al Gobierno y volveremos a insistir en esta legislatura, aunque el ministro Catalá, se comprometió a promoverla en su toma de posesión hace unos días. Con esta Ley, se pondría fin a actuaciones que, sin base legal, violan el derecho de defensa, como por ejemplo el secreto de las comunicaciones abogado-cliente; se asegurarían los derechos de los ciudadanos y la efectiva realización del principio de contradicción en igualdad entre las partes, para evitar desequilibrios o limitaciones que puedan conducir a indefensión.
Expediente Electrónico de Justicia Gratuita: Desde su puesta en marcha en 2010, los ciudadanos han tramitado por vía digital cerca de 2.000.000 de solicitudes de Justicia Gratuita. Desde 2010 está vigente un convenio de colaboración tecnológica y de justicia gratuita entre la Abogacía Española y el Ministerio de Presidencia –suscrito por el Ministerio de Justicia en 2011- gracias al cual las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita pueden utilizar este Expediente Electrónico para tramitar las solicitudes de forma más ágil, segura y rápida. Conecta ya a cerca de 80 Colegios de Abogados de forma telemática y sencilla con instituciones como la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y su Tesorería General, la Dirección General del Catastro o el Instituto Nacional de Empleo, también con organismos de comunidades autónomas con competencias en Justicia.
Defensa de los Derechos Humanos
La defensa y promoción de los Derechos Humanos y la cooperación al desarrollo son los objetivos primordiales de la Fundación Abogacía Española, constituida en 2003.
La Fundación organiza Aulas de Derechos Humanos para incrementar la formación de los abogados en la defensa de colectivos vulnerables desde una perspectiva de Derechos Humanos. Además se han puesto en marcha los Congresos de Derechos Humanos como un gran encuentro anual para debatir entre abogados y otros profesionales la situación de las garantías de la defensa de los ciudadanos. Con motivo de la crisis de los refugiados, se ha creado un Registro de Abogados para atender a peticionarios de refugio y asilo. La Abogacía Española participa también, junto con otras abogacías europeas, en el proyecto Abogados europeos en Lesbos para dar asesoramiento jurídico a personas refugiadas en esa isla griega.
El Consejo General de la Abogacía Española forma parte también del Observatorio Internacional de Abogados en Riesgo para denunciar y proteger a abogados y abogadas que sufren amenazas o persecución por el simple hecho de ejercer el derecho de defensa.
Además, los Premios Derechos Humanos de la Abogacía -creados en 1998, gestionados a través de la Fundación y entregados en la Conferencia Anual de la Abogacía- gozan de un gran prestigio. La Abogacía institucional está comprometida, en fin, en promover y defender los Derechos Humanos, los derechos que han hecho progresar a la humanidad.
Los retos que vienen
La Abogacía tiene entre sus misiones fundamentales trabajar para alcanzar una Justicia más ágil, moderna y eficaz. La opinión de los ciudadanos, de los abogados y de otros actores jurídicos sobre la situación de la Justicia es idéntica: es lenta, funciona mal, carece de una organización adecuada, es arcaica, da respuestas diferentes a problemas similares… Los problemas se arreglan trabajando y por eso, ya en mi toma de posesión nos ofrecimos a liderar un Pacto de Estado por la Justicia. Estamos trabajando con las asociaciones de jueces y fiscales para presentar al Gobierno propuestas concretas sobre temas concretos en cuatro áreas: orgánicas, organizativas, procesales y profesionales.
El objetivo es claro y es posible: configurar, mediante el consenso, un modelo de Administración de Justicia que merezca tal nombre dentro de un verdadero Estado Social y Democrático de Derecho; un Pacto presidido no por criterios de oportunidad política, sino desde el conocimiento de la realidad de nuestros juzgados y del trabajo de quienes actuamos en dicha Administración, y en ningún caso desde actitudes complacientes que a la larga deriven en una mayor y más profunda insatisfacción de la ciudadanía. Un Pacto que garantice la libertad e independencia real de jueces y magistrados. Un Pacto, en definitiva, por la seguridad jurídica y por los ciudadanos.
En la tarea de lograr una mejor justicia que proteja y garantice los derechos de todos vamos a emplear todas nuestras fuerzas.
