En enero de 2018, Nyesa regresaba a la bolsa tras haber estado suspendida de negociación durante seis años y medio. Lo hacía con lo que parecían ánimos renovados y de la mano de un nuevo equipo gestor; pero a punto de cumplir dos años de su vuelta al parqué, la cotización se encuentra hundida, con una caída acumulada de un 96% y sin visos de remontada entre varios líos en los tribunales.
Las acciones de Nyesa fueron suspendidas de negociación a un precio de 17 céntimos el 29 de septiembre de 2011, y no volvieron hasta el 28 de enero de 2018, día en que marcaron una espectacular subida de un 68% hasta los 28,6 céntimos. Sin embargo, esta confianza de los inversores fue efímera: a día de hoy los títulos de la inmobiliaria valen apenas 0,67 céntimos, lo que equivale a una caída acumulada de un 96% en estos casi dos años. Las acciones de Nyesa llegaron a cotizar en 30 euros en 2007, antes del estallido de la burbuja inmobiliaria.
Uno de los puntos de inflexión en la segunda etapa bursátil del valor fue el desembarco de Olaf y Rubí, una llegada que debía culminar el proceso de transformación de la inmobiliaria, pero que ha acabado desembocando en lío judicial, después de que en los últimos meses se haya producido una avalancha de demandas y querellas contra José Antonio Bartolomé Nicolás –dueño de Olaf y Rubí- y Liberto Campillo –consejero delegado de Nyesa- por presunto fraude en la operación de toma de control.
Según la información financiera intermedia del tercer trimestre remitida por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Nyesa registró entre enero y septiembre unas pérdidas financieras de 1,62 millones de euros, un 44% menos, en tanto que su patrimonio neto negativo ascendió en ese período de 32,2 millones a 35,16 millones, algo más del 9%.
La compañía ha informado de que al cierre del tercer trimestre de este año la deuda concursal ordinaria se elevaba a 39,37 millones de euros, aunque el 10 de noviembre ha aumentado en 1,24 millones de euros por “una dación para pago formalizada con la Sareb”. Además había 15,58 millones de euros de deuda concursal con privilegio especial, que se ha reducido en 4,59 millones también por “una dación para pago formalizada con la Sareb” el 10 de noviembre de 2020.
También había que sumar deuda concursal subordinada por importe de 9,16 millones de euros y deuda concursal con privilegio general por importe de 3,33 millones.
