Las denuncias contra Nyesa ahogan el despegue bursátil de la compañía. Las acciones de la empresa se dejan hoy un 5%, hasta los 0,073 euros, más del doble de los mínimos que tocó a principios de verano, cuando anunció que entraba en causa de disolución, pero muy lejos de los 0,34 euros con los que regresó al parqué hace cerca de tres años.
Nyesa volvió a cotizar en 2018 tras superar un concurso de acreedores como una compañía totalmente nueva, aunque lo hizo a años luz de los 30 euros que llegó a alcanzar en 2007. La llegada de Olaf y Rubí un año después parecía culminar este proceso de transformación, pero no ha terminado siendo nada positiva. Desde la vuelta a bolsa, sus títulos pierden en torno a un 75% y en los últimos meses se ha producido una avalancha de denuncias, demandas y querellas contra José Antonio Bartolomé Nicolás –dueño de Olaf y Rubí- y Liberto Campillo –consejero delegado de Nyesa- por presunto fraude en la operación de toma de control.
Algunos accionistas consideran que el principal activo con el que Bartolomé compró el 21,5% del capital social de Nyesa, las Torres de Hércules en Cádiz, vale mucho menos de lo que dijo. Pero no es la única operación cuestionada. También el año pasado la inmobiliaria compró 202 viviendas a Cajamar por 25 millones de euros. Para efectuar la compra de estos activos, la compañía suscribió con la entidad financiera un préstamo con garantía hipotecaria sobre las Torres de Hércules. El importe de la hipoteca ascendió a 18 millones de euros, cuyo valor de tasación se fijó en 24 millones. Además, Nyesa negoció un fraccionamiento y aplazamiento de parte del precio de adquisición por un periodo de 8 años.
Con esta operación, Olaf y Rubí se quitó la carga de la hipoteca de 4,6 millones de euros que tenía en las Torres de Hércules, a cuyo pago estaba comprometida la sociedad en la operación de entrada en Nyesa. Según asegura el medio Capital Madrid, esto es “algo insólito y que augura nuevas acciones legales contra el empresario ya vigilado por la hacienda pública”.
Según la documentación aportada de la oferta vinculante firmada por Bartolomé con el Banco de Crédito Cooperativo, filial de Cajamar para la concesión de créditos, la venta de estos activos apenas ofrecía descuentos del 5%, cuando lo habitual en este tipo de operaciones suele rondar el 50%.
En la desinversión de activos de Cajamar también participó Ronshon -propiedad de la cotizada israelí IES Holdings- y Brickstock Socimi -empresa matriz de Olaf y Rubí que pretendía salir a Bolsa-. En el primer caso, los activos vendidos alcanzaron los 7,7 millones de euros a pagar en efectivo, dos millones en el momento de la firma y otros 5,7 en seis años. El precio de estos pisos fue prácticamente la mitad del valor de tasación tal y como figura en la documentación.
Mientras que los adquiridos por Brickstock Socimi ascendieron a 8,2 millones de euros con descuentos del orden del 60%. Para abonar este importe, la sociedad inmobiliaria obtuvo de Cajamar una hipoteca de 9 millones de euros con la garantía de un hotel en Lérida con un valor de tasación aproximado de 8 millones y otro hotel en El Ejido con una valoración de 7,5 millones de euros.
Estas operaciones han provocado la ira de los accionistas minoritarios, que recuerdan que las acciones de Bartolomé procedentes de la ampliación para entrar en Nyesa siguen sin cotizar casi dos años después por no presentar el folleto que requiere el organismo regulador.
Según Capital Madrid, la bola de nieve podría seguir creciendo. Existe otro asunto pendiente con Liberbank que hace unos meses vendió activos penosos a Nyesa. Poco después, la sociedad Torres los Barrios, donde José Antonio Bartolomé y Liberto Campillo son administradores mancomunados, compró a esta entidad el crédito de más de un millón de euros concedido al grupo inmobiliario y no informó a la CNMV. Este mismo medio señala que algunos accionistas denuncian que Bartolomé busca cerrar ahora una operación como intermediario y comisionista con Liberbank antes de Navidad. Mediante esta operación de 40 millones de euros, la entidad cotizada y en proceso de fusión, vendería activos a Ronshon con precios muy por debajo de mercado y sin el aparente conocimiento ni aprobación de la alta dirección respecto a las valoraciones finales.
