De acuerdo con el diario británico, los planes de Bruselas se basan en una ampliación del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE, que supondría alrededor de la mitad de los ingresos, al que se sumarían un nuevo mecanismo de ajuste en las fronteras del CO2 y un impuesto a las empresas digitales.
Sin embargo, los diplomáticos afirman que la Comisión tendrá dificultades para conseguir el apoyo de los Estados miembros a las propuestas, no sólo por la complejidad del diseño de los impuestos y gravámenes, sino también por la reticencia de muchas capitales a compartir los ingresos con la UE. Todo ello a pesar de que los líderes de la UE acordaron el año pasado que la Comisión necesitaría “recursos propios” para pagar la deuda que acordaron permitirle emitir como parte del plan de recuperación.
“Lo único que acordamos en julio del año pasado fue que habría una propuesta de la comisión, y la comisión tiene todo el derecho a presentar propuestas”, dijo un alto diplomático de la UE a FT. “Pero está bastante claro que muchos Estados miembros no quieren nuevos recursos propios… Hay todo tipo de dificultades. Esto no se va a resolver pronto”.
Aunque Francia defendió la creación de nuevas fuentes de ingresos durante las negociaciones del año pasado, otros gobiernos vieron con recelo estas medidas, y países fiscalmente conservadores como Dinamarca y Países Bajos fueron los que más se opusieron.
Los recursos propios son, en efecto, flujos de ingresos asignados directamente al presupuesto central de la UE; actualmente incluyen una parte de los derechos de aduana y del impuesto sobre el valor añadido (IVA).
FT apunta que una de las batallas más duras que se avecinan será la de los planes del impuesto digital o tasa Google, que se discute también en el seno de la OCDE. Bruselas tiene previsto presentar una propuesta antes de finales de junio, de modo que pueda introducirse en 2023.
Pero muchos gobiernos se muestran cada vez más cautelosos. Según los diplomáticos, los ministros de Economía de numerosos países, entre ellos Alemania, advirtieron a Bruselas en una reunión celebrada el mes pasado que cualquier plan para el canon digital no debería interferir con el trabajo que se está llevando a cabo a nivel mundial en el seno de la OCDE.
Las otras propuestas también tendrán obstáculos. Cualquier ampliación del régimen de comercio de derechos de emisión, que obliga a los contaminadores a comprar derechos negociables, encontrará una fuerte oposición por parte de las industrias afectadas y de los Estados miembros menos avanzados en la transición hacia una economía baja en carbono.
Por su parte, el mecanismo de ajuste de las emisiones de CO2 en la frontera supondría que las emisiones de carbono de algunas importaciones en la UE tuvieran el mismo coste que sus equivalentes europeos, pero es difícil de diseñar y de garantizar el cumplimiento de las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Además, se arriesga a una respuesta adversa de otras potencias económicas, entre ellas EEUU.
