El vicepresidente de la Comisión Europea asegura que las leyes europeas avalan la propuesta del Gobierno de Angela Merkel. Joaquín Almunia, que es el vicepresidente de la Comisión Europea y el responsable de Competencia de la misma, ha sido mucho menos prudente que los portavoces de la propia Comisión al recordar públicamente que Alemania sí puede expulsar a ciudadanos de la Unión Europea en paro.
El político socialista ha reconocido durante un acto organizado por ESADE Business School en Madrid, y a raíz de la propuesta alemana que pretende expulsar a los ciudadanos europeos que no consigan trabajo en cuestión de meses, que los Veintisiete tienen “problemas serios” para integrar la inmigración legal. “El debate en Alemania refleja que necesitamos reforzar una política de inmigración legal a escala europea porque ahora mismo no hay capacidad de absorción, ni de integración, ni de acogida”, ha añadido.
Estas declaraciones han sido realizadas al mismo tiempo que la portavoz de la comisaria de Justicia, Viviane Reding, explicaba a este periódico la postura oficial del organismo comunitario: “Estamos pendientes del debate y a la espera de saber sus conclusiones, porque de momento todo gira en torno a un informe interno”. No obstante, desde los despachos de Justicia han aclarado que la normativa europea sí contempla medidas “estrictas” para evitar que los ciudadanos de un estado miembro se desplacen a otro para disfrutar de sus prestaciones sociales, y han recordado que “los ciudadanos de la UE tienen derecho a desplazarse a otro país de la UE y a quedarse en él hasta un máximo de tres meses sin asumir ni obligaciones ni tampoco prestaciones sociales, salvo que trabajen”.
Precisamente, eso es lo que se está debatiendo en Berlín: la expulsión de todos aquellos europeos que residan en Alemania y no tengan ni trabajo ni tampoco una garantía de poder acceder a un empleo en el corto plazo. Las autoridades alemanas se quejan de que, tras la apertura de los Veintisiete a los países del este europeo, han recibido una avalancha de rumanos y búlgaros que ha comenzado a causar algunos problemas en determinadas zonas del país.
Según la oficina germana de estadísticas, el mayor número de inmigrantes residentes en Alemania a día de hoy procede de Polonia. Luego, y por este orden, se encuentran los rumanos, los húngaros y los búlgaros. En los últimos años también se ha incrementado significativamente el número de inmigrantes griegos, españoles y portugueses.
La Comisión Europea también recuerda que “los solicitantes de empleo que están buscando activamente un trabajo tienen derecho a residir por un periodo de seis meses o incluso más de seis meses si continúan buscando ese empleo en el país de la UE de acogida y tener una oportunidad real de conseguir trabajo”. Sin embargo, puntualiza que el concepto de “oportunidad real” es muy abstracto y que éste tiene que ser determinado por los servicios nacionales de empleo de cada país, que deben examinar cada caso de forma individual.
En cuanto a la expulsión y prohibición de entrada, Bruselas establece que los ciudadanos de la UE sólo pueden ser expulsados «por razones de orden público, seguridad y salud pública, pero también en caso de abuso o de fraude”. Es posible que sea en este último punto donde reside toda la arquitectura del informe alemán sobre inmigración que ha causado tanto revuelo: acusar al inmigrante de estar defraudando al Estado.
