En concreto, se trata de la “enajenación de 32 promociones de viviendas en arrendamiento adjudicada a Azora Gestión y la transmisión de la propiedad de las viviendas a Encasa Cibeles S.L”, informa el Poder Judicial en un comunicado.
La Comunidad de Madrid recurrió a mediados de enero la anulación de la venta de estos pisos del antiguo Ivima en 2013 al fondo de inversión Goldman Sachs Azora en 2013 por 201 millones de euros dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y ratificada posteriormente, al desestimar los recursos de casación ante esta sentencia, por parte del Supremo el pasado diciembre.
Esta decisión provocó “malestar” e “indignación” entre los afectados por la venta de viviendas al Ivima. Según publicó EL BOLETIN, para este colectivo, “en vez de atender la demanda” de las miles de familias damnificadas, el Gobierno de Díaz Ayuso “ha decidido prolongar su sufrimiento, asegurando que, si ese tribunal no admite el nuevo recurso, solicitarán amparo al Constitucional”.
“Señora Ayuso, dicen que gobiernan para todos los madrileños, debe ser que nosotros no lo somos. Vendieron las casas que el Ivima nos había adjudicado, valorando más el dinero que las vidas de las personas que estaban dentro”, denunció este colectivo, que señaló que “nosotros no importamos, los pobres no deben de gustarles”.
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