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APCEspaña pide al nuevo Gobierno estabilidad para mejorar la seguridad jurídica del sector inmobiliario

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"El acceso a una vivienda asequible debe ser una de las prioridades del Gobierno".

lunes 13 de enero de 2020, 11:10h
La Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña) ha celebrado la constitución del nuevo Gobierno y ha pedido estabilidad política para mejorar la seguridad jurídica del sector inmobiliario.
En un comunicado, la Asociación ha valorado positivamente la voluntad política del Gobierno para acordar medidas encaminadas a movilizar suelo público, incentivar la vivienda social y aumentar los recursos destinados al sector.

No obstante, ve fundamental incentivar la colaboración público-privada para alcanzar de manera conjunta el principal objetivo de mejorar el acceso asequible a la vivienda, en especial, para los jóvenes.

"El acceso a una vivienda asequible debe ser una de las prioridades del Gobierno, explorando soluciones que vayan a la raíz del problema y evitando medidas que no han resultado ser beneficiosas en países de la Unión Europea", ha añadido.

Así, ha resaltado que fijar un techo a los precios de los alquileres ha demostrado efectos contrarios a los deseados en ciudades como París o Berlín.

"En un mercado como el español, en el que más del 95% de las viviendas en alquiler están bajo la gestión de particulares, medidas de estas características desincentivan la puesta en el mercado de nuevos inmuebles, lo que reduce la oferta disponible y condiciona nuevamente los precios al alza", ha apostillado.

Por ello, APCEspaña considera que ninguna solución pasa por una sobrerregulación, sino por desarrollar políticas que contribuyan a aumentar la oferta de primera vivienda, ya sea en alquiler o en compra, y, como consecuencia, a moderar los precios.

Por último, ha señalado que es imprescindible que haya una mayor cooperación institucional para generar un marco normativo que dote de mayor seguridad jurídica y menor "maraña" normativa al sector y que ponga fin a la excesiva acumulación de normas urbanísticas y judicialización del urbanismo, lo que "redundará en un beneficio al ciudadano".
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