La legislatura en la Comunidad de Madrid toca a su fin. Sin embargo, el recorrido en los últimos años no ha sido indiferente para la Justicia. No solo por las operaciones policiales (Púnica y Lezo), sino por los toques que ha ido dando a la gestión sanitaria. El último revés lo ha vivido esta semana en forma de sentencia por discriminar entre interinos y fijos.
El Juzgado de lo Social número 3 de Móstoles ha ordenado que se pague la carrera profesional a varias enfermeras del Hospital de Fuenlabrada. Este reciente golpe judicial no ha sido el único. De hecho, su mayor impacto llegó cuando el Tribunal Supremo anuló 44 pactos de gestión que se realizaron en varios hospitales madrileños para sacar las listas de espera.
De esta manera, hace poco más de un año, el Alto Tribunal hablaba y tumbaba una de las políticas estrellas de la Comunidad de Madrid. A través de estos contratos, de estas peonadas, Cristina Cifuentes se marcaba el objetivo de ir reduciendo las cifras de pacientes en espera de operación.
Un método que el Supremo recriminó por alterar las condiciones laborales de los profesionales sin antes haber sido objeto de negociación colectiva con los sindicatos. Así, los magistrados cargaban contra la Consejería de Sanidad por saltarse este derecho constitucional e incluso el Estatuto Marco de los Empleados Públicos.
La Comunidad de Madrid intenta regatear la sentencia del Supremo contra las peonadas en sanidad
Poco después, mientras se seguía la investigación del ‘caso ambulancias’ que llevó a la imputación de varios altos cargos de la Consejería de Sanidad (caso ya archivado), el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 27 de Madrid condenaba a la Comunidad de Madrid por contratar a personal a dedo.
En este sentido, la Justicia cargaba contra la gestión del Gobierno autonómico con las bolsas de empleo. A finales de año, se obligaba a crear todas las bolsas de empleo inexistentes, así como adaptar las que ya están funcionando. Según CCOO, de 120 categorías profesionales que hay en Atención Primaria, apenas siete contaban con bolsas centralizadas.
“Es alucinante cómo contrata la sanidad madrileña”, resumía Mariano Martín-Maestro, coordinador de acción sindical de la Federación de sanidad de CCOO en Madrid, a EL BOLETÍN. Entrega de currículos, llamamientos a las oficinas del INEM, contratar a conocidos… Estas eran solo algunas de las técnicas reprimidas por los sindicatos.
La Consejería de Sanidad niega que se esté contratando a “dedo” a personal temporal
Un final de año caliente y que concluía con la huelga de residentes del Hospital 12 de Octubre. Y para frenarla, la Comunidad de Madrid decidió contratar a personal para minimizar la huelga. Durante siete días, los médicos en formación pararon. Al final, la Consejería de Sanidad cedió a favor de los residentes pero las prácticas del Ejecutivo madrileño tuvieron respuesta judicial.
El Juzgado de lo Social número 26 de Madrid condenó a finales de febrero a una indemnización de 600 euros por intentar boicotear la huelga. Según apuntó el magistrado, tras la denuncia del sindicato médico AMYTS, la Gerencia del Hospital 12 de Octubre vulneró el artículo 28.1 de la Constitución Española por modificar e incrementar los turnos de guardia de los Servicios de Neumología, Cardiología y Digestivo.
En cuanto a los derechos de los profesionales, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en 2017 terminaba de dar la razón a un médico que llevó a los tribunales las 12 horas de descanso que se le quitaban en la Comunidad de Madrid tras una guardia en fin de semana.
Estos facultativos tienen derecho a un descanso reglado por ley de 12 horas entre jornadas laborales y de un descanso consecutivo semanal de 36 horas. No obstante, en Madrid se redujo a 24 horas y no a 36 horas si se salía de una guardia en fin de semana. Hasta que este médico se plantó y denunció esta irregularidad.
17 años como interino: vuelve a Europa la precariedad en la sanidad madrileña
El fallo judicial estableció que la Comunidad de Madrid debía indemnizar por cada hora de descanso no disfrutada. Así, según el abogado en declaraciones a 20 minutos, la indemnización a este profesional ascendía a 6.000 y 7.000 euros por el ‘robo’ de estas horas en los últimos cuatro años.
Por último, por ejemplo, la Justicia también ha exigido el pago de 9,3 millones de euros a la concesionaria de los servicios no sanitarios del Hospital Puerta del Hierro para compensarle por el gasto contraído por el servicio de comidas a los pacientes ingresados en el centro durante los últimos diez años.
