El pasado otoño el Tribunal Supremo se vio envuelto en un buen lío a causa del impuesto de actos jurídicos documentados (AJD), el que se paga cuando se firma una hipoteca, tras una decisión para que lo pagasen los bancos que fue posteriormente rectificada en un polémico pleno y por una votación muy ajustada. El asunto, no obstante, sigue coleando.
Según publica ElIndependiente.com, el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo, ha convocado para el próximo día 11 de febrero un nuevo Pleno donde se estudiarán los dos incidentes de nulidad que ha presentado la Empresa Municipal de Rivas contra el fallo de las hipotecas.
En este fallo, el órgano del alto tribunal decretó, por 15 votos frente a 13, que era el cliente quien debía asumir los gastos derivados del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) en las escrituras públicas de préstamo con garantía hipotecaria. Posteriormente, el Gobierno modificó la legislación para que fueran los bancos y no los clientes los que afrontasen este gravamen.
El medio digital, que cita fuentes jurídicas, señala que las ponencias de los incidentes de nulidad han correspondido a los magistrados Jorge Rodríguez-Zapata y Eduardo Espín aunque al encontrarse el primero de ellos de baja médica es previsible que las dos sentencias sean asumidas por este último togado. La convocatoria de este Pleno se produce después de que el pasado 10 de enero la Sala Tercera admitiese a trámite el primer incidente de nulidad en el asunto de las hipotecas.
La Empresa Municipal de Rivas alega indefensión ya que el Supremo no les notificó el acuerdo suscrito por el presidente de la Sala, Luis María Díez -Picazo, a través del que decidió avocar a Pleno la revisión del fallo que provocó el desplome de la banca en Bolsa. Los demandantes argumentan que recibieron la providencia con el señalamiento del citado Pleno de la discordia pero no notificación del acuerdo de avocación.
