IU lleva a Anticorrupción los miles de contratos menores de la Comunidad de Madrid

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IU lleva a Anticorrupción los miles de contratos menores de la Comunidad de Madrid

La formación encuentra "indicios" de troceo tras extraer datos que muestran que solo una empresa obtuvo 49.000 contratos en dos años y medio.

Sol Sánchez.

Los portavoces de Izquierda Unida Madrid, Sol Sánchez y Mauricio Valiente, y el responsable de políticas económicas de la formación, Carlos Sánchez Mato, acuden este viernes a la Fiscalía Anticorrupción para denunciar posibles irregularidades en los contratos menores de la Comunidad de Madrid.

IU ya adelantó a principios de este mes que estaba estudiando emprender medidas legales contra la Comunidad de Madrid, y lo hizo tras extraer y publicar un listado de miles y miles de contratos que denunció como sospechosos de “troceo” de contratos.

Se trata de una práctica ilegal en la contratación menor, normalmente emprendida por las administraciones para evitar sacar a concurso determinadas compras de bienes o servicios. Los datos de Madrid muestran que se llegaron a emitir hasta 49.000 contratos menores a una misma empresa en dos años y medio.

IU señala destaca también que “hay empresas que han recibido contratos por más de 73 millones de euros” por esta vía, en la que no hay publicidad ni concurrencia de empresas. También en la contratación de personas físicas, que han llegado a acumular, la misma, en el mismo periodo, “hasta 2.951 menores por importe de más de 673.000 euros”.

La formación subrayó que desde el 1 de julio de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2017 la Comunidad de Madrid ha llevado a cabo 1.273.406 contratos menores con un importe total de 1.987.221.899 euros, “muy por encima del nivel de otras comunidades autónomas y administraciones”.

Suponen en torno al 15% del total de contratación cuando, por ejemplo en Cataluña es del 8% y en el Ayuntamiento de Madrid del 0,4%, argumentó la formación.

IU acude este viernes a la sede de la Fiscalía Anticorrupción para entregar su informe sobre los contratos formalizados por diversas consejerías de la administración autonómica desde junio de 2015.

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