El futuro de la Plataforma Solar de Almería (PSA), el mayor centro de investigación de renovables en España y todo un refrente munidal en el I+D en energía termosolar (una de las tecnologías más prometedoras dentro de las energías limpias), está en serio peligro debido a las trabas burocráticas. Los cambios legislativos impuestos por el Ministerio de Hacienda en 2016 para controlar el gasto de la investigación están asfixiando a centros y científicos.
El ministerio que dirige Cristóbal Montoro puso en marcha estas normas para evitar el incremento del déficit público, pero también afectan a los proyectos de investigación que están financiados con fondos que no provienen de los Presupuestos Generales del Estado, sino de inversores internacionales como la Comisión Europea. Impiden contratar investigadores o adquirir material tecnológico necesario, según denuncian los científicos.
Según informa Efe, actualmente la instalación de Almería forma parte de 15 proyectos europeos con una financiación global de 71 millones de euros, de los cuales el centro ha recibido 6,8 millones. “Debido a esta normativa, nos es imposible utilizar estos fondos que habrá que devolver a Bruselas”, es decir, que la PSA no podrá terminar sus investigaciones y no por falta de fondos sino por una norma “claramente incompatible” con nuestra labor, ha explicado a los medios Sixto Malato, uno de los profesores de investigación del centro.
Una vez finalizados estos proyectos de investigación, la PSA tendrá que devolver estas ayudas que no ha ejecutado, lo que tendrá “graves consecuencias en las futuras convocatorias” y para su reputación.
La instalación depende del Centro de Investigaciones Energéticas, Mediambientales y Tecnológicas (CIEMAT), del que también están subordinados otros centros de investigación españoles como Moncloa, CEDER, CETA, CIEDA y CISOT, situados en Soria, Madrid, Barcelona y Cáceres, que se encuentran también en la misma situación.
Según afirma Malato a Efe, para solucionar estos problemas solo habría que volver a la situación jurídica previa a enero de 2016 o que permitir que los Organismos Públicos de Investigación (OPI) tengan unas normas de gestión como las que tienen el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) o las Universidades, pero, de momento, “el Ministerio de Hacienda se niega en rotundo y no sabemos por qué”.
