Según el exdirector de negocios de la filial colombiana del Canal Isabel II, Inassa, el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González estaba en la cúpula de la trama en la empresa pública de aguas y dirigía los presuntos pelotazos para repartirse comisiones de casi 5,5 millones de euros de dinero público. «González daba órdenes de todo. Lo único que quería era cobrar su comisión».
La confesión de Diego García Arias, que hoy publica Cadena Ser, apunta a González como el actor que controlaba el negocio de las comisiones y el reparto de las mismas entre los implicados. García Arias fue detenido en el verano de 2017 y se ha convertido en el principal delator del caso Lezo.
En la grabación de su declaración en diciembre explica cómo se compró Emissao desde el Canal y cómo el hombre fuerte de Ignacio González en la empresa pública, Edmundo Rodríguez Sobrino, le explicó que se había decidido una mordida conjunta de seis millones de euros: “Esa es la comisión que deben pagar, ya está hablado, solo te tienes que reunir con él. Tres millones de dólares tienen que ser para España y tres millones para Colombia, yo me encargo de repartir esta parte. De la parte de España son dos para mí, es decir, para Ignacio González, y otra parte para la persona que me ha ayudado mucho y me trajo el negocio, Luis Vicente Moro (exdelegado del Gobierno del PP en Cetuta). Dos y uno”, recoge la grabación.
Declaró que González es quien diseñó el reparto y que el propio Sobrino admitió que los problemas legales de Ignacio González con el ático de lujo en Estepona le impedían poder recibir las mordidas en ese momento: «1,8 (millones) para Ignacio González y 900.000 para cuatro personas, que éramos Diego García (en referencia a él mismo), Edmundo Rodríguez, Luis Moro y Ramón Navarro. Entonces Edmundo me dice: la parte de Ignacio González la voy a recibir yo porque Ignacio está de mierda hasta aquí, no tiene cómo procesar dinero y no tiene como sacar, no tiene como hacer nada y me ha pedido que sea yo quien lo tenga”.
El Canal de Isabel II compró la sociedad local Emissao por 30 millones de dólares, y en su declaración como uno de los ejecutores del presunto pelotazo Diego Arias explica al juez Eloy Velasco cómo el empresario brasileño y dueño de la empresa Emissao, Sebastiao Cristovam, rebajó la comisión a 5,4 millones de dólares para tener un margen con el que “pagar los impuestos” fuera de las mordidas.
