El proyecto Castor es una infraestructura subterránea ubicada a 21 kilómetros de las costas de Castellón que pretendía aprovechar antiguos yacimientos de petróleo para almacenar gas. La empresa promotora fue Escal UGS, participada por ACS, la empresa de Florentino Pérez. Inaugurado en 2012, fue cerrado un año después tras detectarse más de mil sismos en la zona, que un informe del MIT achacó a la instalación. Una cláusula en la concesión de explotación del proyecto establecía que la empresa promotora tenía derecho a una indemnización en caso de “caducidad o extinción”. El Gobierno, con José Manuel Soria al frente del Ministerio de Industria, fijó entonces mediante un real decreto una indemnización de 1.350 millones a Escal, que la compañía percibió en ese momento. El pago, financiado por Santander, Caixabank y Bankia, generó una deuda al sistema gasista de más de 4.000 millones que pagaban los consumidores en su recibo del gas. Pero el pasado diciembre, el Tribunal Constitucional declaró nula la compensación, al entender que no había urgencia para un decreto ley, y posteriormente la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) suspendió el pago con cargo al sistema de la deuda a la banca. Ahora las tres entidades reclaman los 1.350 millones de euros.
