En medio del escándalo del máster y con una moción de censura al caer, Cristina Cifuentes recibe un golpe judicial que resucita las dudas sobre su implicación en la Púnica. El juez Manuel García Castellón ha rechazado cerrar el caso que salpica a la presidenta madrileña por el supuesto amaño en la adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid a favor del empresario Arturo Fernández.
Según ha adelantado El Plural, el magistrado que investiga la trama Púnica ha respondido de esta manera a la petición de sobreseimiento de la causa que reclamaba la que fuera jefa del Servicio Jurídico de la Asamblea de Madrid, Tatiana Sonsoles Recoder. En su escrito, además, ha señalado la incompatibilidad de que Cifuentes fuese parte de la mesa de contratación del concurso y del comité de expertos, tal y como sucedió.
En este sentido, el auto, fechado a 6 de abril, se ha recalcado que en la declaración de Recorder “no apreció la incompatibilidad de ser miembro de la mesa de contratación y del comité de expertos de Cristina Cifuentes Cuencas”. Sin embargo, el juez García Castellón ha alegado que, por el momento, no sabe si la jefa del Servicio Jurídico del Parlamento madrileño pasó por alto esa “incompatibilidad” si “por ignorancia o con intencionalidad”.
Al mismo tiempo, el magistrado que instruye el caso de corrupción por financiación irregular del PP ha aseverado que “las presentes actuaciones tienen un dilatado proceso de instrucción, pues los hechos que se instruyen tienen gran complejidad y calado para establecer las potenciales imputaciones”. Por ello, no da lugar al sobreseimiento. El medio El País ha destacado que el juez considera que Cifuentes debió abstenerse en el proceso de adjudicación de la cafetería.
Mientras tanto, la Guardia Civil, como redactó en un informe, sospecha que detrás de la adjudicación de los servicios de cafetería a Arturo Fernández hay una compensación por financiar ilegalmente al PP de Madrid. Y en esta estrategia podría haber participado la actual presidenta de la Comunidad de Madrid.
