Estaba previsto que el director del máster de Cristina Cifuentes, Enrique Álvarez Conde, declarase hoy ante el equipo de investigación interno que la Universidad Rey Juan Carlos ha armado para aclarar la supuesta manipulación del expediente de la presidenta madrileña. Pero ya esta mañana ha avanzado que su comparecencia se ha anulado y que el acta que salió de su departamento fue “reconstruida” al saltar el escándalo.
En una entrevista en Onda Cero, el director del máster defiende que Javier Ramos, rector de la Universidad, le preguntó si tenían algún documento para avalar que Cifuentes realizó y finalizó el curso. La respuesta era negativa porque según Conde “la norma exige que a los dos años de destruyan todos”.
Fue ahí cuando el rector le pidió un documento probatorio cuando eldiario.es publicó las primeras informaciones sobre la manipulación de notas. Según El Confidencial, Ramos dio un plazo de tres horas a Conde para esa gestión. “Reconozco mi culpa porque le hice caso e intenté reconstruir una hipotética acta que se le envió al rector por la tarde”, explica.
Está previsto que el rector comparezca ante los medios este viernes, a las 13:30 horas para dar cuenta de las últimas informaciones sobre el asunto.
El ‘caso máster’ se complicó radicalmente ayer cuando una de las integrantes del tribunal que presuntamente examinó el Trabajo Fin de Máster de Cifuentes aseguró no reconocer el acta y que su firma en el documento había sido falsificada.
Se trata de Alicia López de los Mozos, la presidenta del tribunal, que ayer reconoció ante la instructora de la investigación abierta la universidad que no firmó el acta.
De hecho, la profesora ha aseverado que nunca formó parte de un tribunal de TFM y que su firma como presidenta se falsificó. El Confidencial desveló a principio de semana que dos de las tres firmas del acta que presentó Cifuentes como prueba de que había completado el máster eran falsas.
El mismo medio explicaba ayer que las otras dos profesoras que aparecen en el acta de Cifuentes no han acudido a la citación de la URJC por encontrarse de baja por depresión ante la presión vivida en las últimas horas.
El relato del director del máster
«A mí el rector me compele a ir a la conferencia de prensa a las 12 de la mañana, que me ponga guapo que voy a salir en la tele». Tras esa comparecencia el pasado 21 de marzo ante los medios, Álvarez Conde dice haber acudido a «una reunión con muchas personas, y el rector me pregunta si hay trabajo». El profesor asegura haber respondido: «Yo no lo tengo y creo que a la normativa exige que a los dos años se destruyan todos, no tengo ni ese ni ninguno».
“Y me dice: ‘Hay que encontrar un documento, ha que reconstruir un documento’, literalmente”. Álvarez Conde defiende en este punto no tener «ninguna responsabilidad legal porque no está mi firma en ningún sitio, pero por mi carácter institucional intenté reconstruir una hipotética acta que se le envió al rector por la tarde».
Explica que envió el documento al rector “por un gmail” como le pidió Ramos. “Y yo no envié el acta a la alumna Cifuentes, que le pregunten a ella o al rector cómo la conoció. Y resulta raro que una alumna conozca un acta de su examen sin haberlo solicitado en tiempo y forma”.
Sobre quién reconstruyó materialmente el documento, Álvarez Conde narra: “Yo estaba en el despacho del rector y me puse en contacto con las personas que habían formado parte del tribunal, con las tres. En primer con la profesora Alicia López de los Mozos. Y entendí que había una decisión del rector de proceder a eso. La reconstrucción fue hecha por otra de mis discípulas, la que figuraba como secretaria, que me parecía lo lógico. Y ella pidió la autorización de las otras dos”.
El profesor se refiere a Cecilia Rosado, integrante del supuesto tribunal evaluador del TFL de Cifuentes junto a López de los Mozos y Clara Souto.
Álvarez Conde asegura que esas fueron las personas que integraron el tribunal porque fue él mismo quien lo propuso como director del máster de la URJC. Defiende no saber si hay documentos para probarlo porque “todo se destruyó”, lo de este caso y la documentación de otros alumnos “tuvieran o no relevancia política”.
Sobre las declaraciones de De los Mozos de no formar parte de ese tribunal, el director se limita a “respetar” sus declaraciones, aunque las contradice. “Yo no estaba en el tribunal porque un director de máster no tiene que ir, yo estaba en un curso de verano en Aranjuez. Así que me tengo que fiar de mis discípulas”. “Yo sostengo que el tribunal existió”, explica, pero “no sé si Cristina Cifuentes se presentó, si ella lo dice tendrá constancia de eso, porque yo no estaba presente”.
Preguntado sobre la información de El Confidencial que apunta a que Álvarez Conde reunió a sus discípulas para pactar una coartada común sobre aquel 2 de julio de 2012 en el que presuntamente Cifuentes defendió su TFM, el profesor, ha calificado de “aberración” parte de esas informaciones, como lo de pactar el color de la ropa de la presidenta. “El día 2 de julio estaba fijado con mucha antelación de la celebración, y creo que la presidenta de la Comunidad ha dicho que lo tenía en su agenda, lo tiene que acreditar ella”.
Álvarez Conde ha asegurado que corrigió el trabajo de Cifuentes, que era un trabajo largo, entre 50 o folios, y “la versión definitiva no la vi porque lo fui corrigiendo a lo largo de las semanas anteriores”. “Yo con la alumna no he hablado nunca, solo la vi una vez y hay constancia de ello, ahí hablamos de su posible trabajo de investigación y nada más”. El profesor asegura que esas correcciones las hizo “en los textos que me iba enviando, no por correo electrónico sino a través de otro medio que no recuerdo ahora”.
Las contradicciones del caso se hacen más evidentes cuando el tutor de Cifuentes admite ante esta emisora que, efectivamente, el acta original que su departamento «reconstruyó», con firmas incluidas, debe existir «en los servicios de administración» de la Universidad. Sobre por qué, tras casi dos semanas, no ha aparecido ese documento oficial, Álvarez Conde deriva las explicaciones en la URJC.
Viaje a la Fiscalía
Con todos estos elementos sobre la mesa, la URJC decidió ayer poner el asunto en manos de la Fiscalía al entender que puede haberse cometido un “delito”.
El Ministerio Público, por su parte, informó que ha abierto diligencias para investigar la denuncia presentada por varias asociaciones de estudiantes por las presuntas irregularidades en el escándalos. El medio eldiario.es ha adelantado que el Ministerio Público tiene previsto unir la información que le ha remitido la URC.
Cifuentes, por su parte, afirmó desde la Asamblea de Madrid y frente a los medios que la falsificación del acta es una cuestión que a ella no le atañe y que debe responder la universidad pública.
