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Opacidad en el alquiler: Idealista y Fotocasa nutren las estadísticas de los organismos públicos

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Desde Fomento hasta el Banco de España, instituciones públicas dejan en manos de portales privados la generación y actualización de las cifras necesarias para entender y legislar en el sector inmobiliario.

viernes 23 de marzo de 2018, 08:00h
La Administración española no genera datos actualizados y de calidad sobre vivienda. Ni vacía, ni en manos públicas o privadas, ni en alquiler. No existen cifras suficientemente actualizadas y desagregadas sobre el mercado inmobiliario y la mejor pueba de ello es que desde hace años la Administración recurre a portales privados para explicar lo que sucede en torno a un derecho tan básico como el del techo.

“Se echa en falta una estadística de contratos de alquiler formalizados. Solo se dispone de información sobre los precios de oferta divulgados por empresas privadas como Fotocasa e Idealista”, se lee en el Observatorio de Vivienda y Suelo de 2017 que elabora el propio Ministerio de Fomento. El departamento que hoy dirige Íñigo de la Serna lleva años usando datos de estas webs de búsqueda para ofrecer informes y estadísticas del sector.

En general, hablar de parque o mercado inmobiliario con datos públicos es un acto de fe: hay que llamar a los grandes del sector, marcas inmobiliarias que generan continuamente datos sobre alquiler, estimaciones de pisos nunca vendidos tras el estallido de la burbuja, cifras desagregadas por ciudades y barrios y, recientemente, estadísticas sobre pisos y casas dedicadas al alquiler turístico con o sin licencia de uso terciario.

El INE elabora un censo cada década, el Ministerio de Fomento “estima” el parque de vivienda vacía, la responsabilidad directa es de las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos con suficiente tamaño también intervienen en la vivienda. Este totum revolutum de reparto competencial y desinterés deriva en una opacidad flagrante tras la que, disimuladamente, las administaciones se han subido al carro de los informes de portales privados para informar y tomar decisiones políticas sobre el sector.

“El problema es que no sabemos qué pasa”, lamenta Raquel Rodríguez, doctora arquitecta y profesora asociada del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica de Madrid, respecto al déficit de información en un sector que es al mismo tiempo uno de los grandes motores de la economía nacional y derecho básico del que miles de familias se han visto privadas tras el pinchazo de la burbuja.

“Y por eso es muy importante quién controla el discurso”, avisa la experta. Explica que el censo que cada diez años elabora el Instituto Nacional de Estadística (el último es de 2011) aportaba una cifra de viviendas vacías “que ha estado en discusión muchísimo tiempo”. “Además el último ni siquiera es un censo real sino una encuesta, por lo que no tenemos ni idea de lo que hay detrás”.

Aunque esa fuente es “una foto fija muy valiosa” por su desagregación de datos a nivel inframunicipal, la realidad es que los operadores privados “cuentan con estadísticas desarrolladas año tras año que desglosan el número de viviendas construidas o su precio”, explica el libro “De la especulación al derecho a la vivienda”, que Rodríguez ha publicado este año junto al investigador social Mario Espinoza.

“A estas alturas resulta imposible creer que las decisiones institucionales estén respaldadas por diagnósticos eficaces sobre la situación actual o las consecuencias del estallido de la burbuja, máxime teniendo en cuenta la falta de homogeneidad y fragmentación de los datos disponibles”, exponen ambos autores. Critican la elaboración de diagnósticos y medidas públicas basadas “mitos o creencias desconectadas de la realidad” o, directamente, realidades no contrastadas.

Recuerdan que “tampoco existe un registro público accesible sobre el patrimonio de la SAREB, los datos sobre las viviendas sin vender son el resultado de una estimación realizada por Fomento, y su nivel de desagregación máximo es el provincial".

El sistema de recopilación de datos tampoco funciona mejor a un nivel menor que el estatal: "El informe del Defensor del Pueblo sobre la vivienda protegida vacía ponía de relieve la falta de control que las Comunidades Autónomas tienen sobre el parque desarrollado por los promotores privados. En esas condiciones resulta imposible determinar el número exacto y la ubicación de este tipo de viviendas”, explican Rodríguez y Espinoza.

De Fomento a Madrid pasando por el Banco de España

Según Fomento, en 2016 había alrededor de 25,5 millones de viviendas en todo el país. Pero ya en 2013 Idealista calculaba que había casi un millón más de las que estimaba el Ministerio. Quizá por eso la institución en último término responsable del sector usa los datos de los portales privados desde hace años.

También el Banco de España recurre a Fotocasa e Idealista para explicar las “variables más significativas” de su estadística sobre indicadores del mercado de la vivienda.

En el caso del Ayuntamiento de Madrid, los datos del portal fundado por Jesús Encinar lo mismo sirven para calcular “la renta mensual del mercado en alquiler” que para el “Planeamiento urbano y vivienda” del consistorio. La competencia es autonómica y por tanto es la Comunidad de Madrid quien debe generar la información suficientemente desagregada como para entender la evolución de los procesos y problemas que, por ejemplo, vive hoy el alquiler en la capital. Pero la realidad es que el Ayuntamiento que dirige Manuela Carmena no está trabajando en un censo de vivienda en Madrid, tarea que sí ha acometido Barcelona.

Según los expertos, las consecuencias de esta 'externalización' de los datos influye directamente en el futuro de una política de vivienda "que aspire a ser justa", en palabras de Rodríguez. Deja un sector tan complejo como el inmobiliario en manos de operadores privados que pasan como analistas cuando en realidad son parte interesada.

Así lo explica el investigador de la UNED Javier Gil, que pone el foco sobre la “aparente neutralidad” con la que webs de alquiler y venta de vivienda como Idealista “describen lo que sucede en el mercado”: “Idealista es mucho más que un portal inmobiliario, es una herramienta clave para generar discursos, datos y noticias que favorezcan los intereses de la burbuja inmobiliaria”.

“En España no hay datos de vivienda”, explica, subrayando que en un país con una economía directamente influida por los vaivenes de la inversión en ladrillo “tiene que haber opacidad porque si no, es mucho más difícil especular”. Critica que ese vacío lo llenan portales inmobiliarios legitimados por las propias instituciones públicas como fuentes de datos para conocer el mercado.

“Los fundadores de Idealista se presentan como expertos neutrales en materia de vivienda, cuando tienen millones invertidos en la burbuja inmobiliaria”, recuerda, en referencia a una información de El Confidencial que esta semana narraba el modus operandi de los Encinar como impulsores de una socimi que compra y alquila pisos en barrios pobres de la capital.

“Publican miles de artículos y datos que vienen a justificar la subida de precios, las expulsiones y presentar al mercado inmobiliario como un lugar perfecto en que invertir”, denuncia. Gil celebra que informaciones como las del ‘imperio’ de inmuebles del fundador de Idealista han tumbado su posición y la del portal como agentes neutros en el sector.

Violeta Muñoz

Hago la información de Madrid y a veces escribo sobre Derechos Humanos y Europa. Pro transparencia pública y rendición de cuentas.

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