Los grupos de PSOE, Podemos y Ciudadanos en la Asamblea de Madrid llevarán este miércoles a la Fiscalía Anticorrupción un informe sobre las irregularidades encontradas por la Comisión de estudio de la Auditoría del Endeudamiento y la gestión pública de la Comunidad de Madrid sobre el proyecto de Campus de la Justicia.
Se trata de uno de los proyectos estrella de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, basado en unificar todas las sedes judiciales de la región, y que supuso un quebranto económico de hasta 130 millones de euros, de los que sólo se han recuperado 25. La decisión de elevar este informe llega después de las «facturas falsas» de Francisco Granados, exconsejero de Presidencia de Aguirre, a la Audiencia Nacional.
Según explicó ayer la portavoz socialista en la comisión, Mercedes Gallizo, han decidido llevar al Fiscalía un informe “con todos los datos recabados en este tiempo de las irregularidades que se han cometido con la sociedad Campus de la Justicia por parte del Gobierno regional”.
En declaraciones recogidas por Europa Press, considera que “es un día importante porque se va a poner de manifiesto un desfalco de una magnitud enorme a las cuentas públicas y se van a exigir responsabilidades. Hasta ahora esto había formado parte de la crítica política y ahora queremos que la Justicia actúe y que pida responsabilidades”, dijo Gallizo tras la sesión de este mediodía.
“El PP no ha querido sumarse a la postura de los grupos de la oposición porque entiende que no hay irregularidades, pero le hemos dicho a su portavoz que le explique a Cifuentes que han sido contrarios a ese denuncia no sea que dentro de cuatro días nos diga que ella descubrió lo del Campus, y estamos cansado de esto. El acuerdo de los tres grupos de la oposición en este tema es total”, añadió.
En la misma línea, el diputado de Podemos en la comisión Eduardo Gutiérrez afirmó que los tres grupos están de acuerdo en “regenerar la gestión pública de la Comunidad y esta denuncia llama la atención a los organismos encargados para que investigan lo que Cifuentes y el PP no ha facilitado”.
“Hemos esperado más de 18 meses los libros oficiales, que no han aparecido salvo en fragmentos, y también queremos llamar la atención de responsabilidades por parte del actual Gobierno porque el Código Penal en el artículo 259 y especialmente en el 262 dice que cualquier cargo público que tuviese indicios de la comisión de algún delito tiene la obligación de ponerlo en conocimiento de las autoridades fiscales y Cifuentes lleva dos años y medio y no ha puesto ninguna denuncia”, manifestó según recoge la misma agencia.
Gutiérrez cree que en este caso la responsabilidades políticas y probablemente las infracciones administrativas y penales “también alcanzan al Gobierno de Cifuentes”.
El informe también quiere que los fiscales puedan acceder a la documentación urbanística de Valdebebas porque la localización del que iba a ser el Campus de la Justicia “tiene dos antecedentes tremendos”, dijo, en referencia a dos sentencias del Supremo que tumbaron 21 proyectos urbanísticos. “La Fiscalía tiene la capacidad jurídica de levantar las alfombras que a nosotros la señora Cifuentes no nos han permitido mirar”, avisó.
Por su parte, la parlamentaria de Ciudadanos Susana Solís indicó que con la idea de presentar el informe a la Fiscalía Anticorrupción quieren “pedir responsabilidades por la nefasta gestión del proyecto de Campus de la Justicia, que acaba con un quebranto patrimonial de más de 100 millones de euros”.
“No ha habido ningún tipo de control, ni por parte de la gestión ni de la Cámara de Cuentas y los madrileños queremos saber qué se hace con el dinero público. Una auditoría que hemos pedido aprobada por todos los grupos en la Cámara de Cuentas y dos años después aún no tenemos ni siquiera el resultado de este informe que debe ser esclarecedor para saber qué ha pasado con el dinero de todos los madrileños”, agregó.
Denuncia sin cuerpo jurídico para el PP
Los populares rechazan esta perspectiva: el portavoz del PP en la comisión de la Deuda, Juan Antonio Gómez Angulo, aseveró también ayer tras la sesión que las presuntas irregularidades en el Campus son “una aseveración que ha hecho la oposición a título particular”.
“El PP ha dejado claro que el posicionamiento se hará cuando se haga el dictamen definitivo de la comisión de endeudamiento y allí podamos tener derecho, si no compartimos el dictamen, a defender nuestro voto particular en el Pleno. Y en ese momento se fijará la postura en todos los términos. Y he advertido que en ningún caso pueda darse traslado a la Fiscalía con mención a la comisión porque procesalmente no procede sino cuando se eleva el dictamen”, apuntó.
“Es posible que haya habido algún tema de gastos y algún tema que haya que dar explicaciones sobre algún proyecto en sí. Ha habido mucho tiempo para verlo y si ha habido tantos indicios desde hace dos años y medio han perdido el tiempo los grupos de la oposición de no llevarlo antes a la Justicia”, apostilló.
