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Ciudadanos permite que el Gobierno vete la ley de vivienda de la PAH

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El Gobierno justifica su veto en que la ley costaría a las arcas públicas casi 90.000 millones de euros en los próximos 20 años.

martes 20 de marzo de 2018, 12:49h

Ciudadanos ha vuelto a permitir con sus votos que el Gobierno vete de nuevo una iniciativa legislativa. En este caso, la Mesa del Congreso ha aceptado el veto del Ejecutivo a la proposición de ley de vivienda impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), con lo que su tramitación parlamentaria ha quedado bloqueada.

Como hace habitualmente, la Mesa del Congreso ha aceptado el escrito del Gobierno recordando que es la Constitución la que habilita al Ejecutivo para bloquear iniciativas legislativas que considera contrarias a su política presupuestaria por suponer aumento de gasto o disminución de ingresos.

En las dos únicas ocasiones en que la Mesa del Congreso ha desoído al Gobierno, por dos iniciativas del PSOE sobre la LOMCE y los trabajadores de subcontratas, el Ejecutivo ha recurrido ante el Tribunal Constitucional planteando un conflicto de competencias.

Los argumentos del Gobierno

En su escrito de disconformidad, recogido por Europa Press, el Ejecutivo rechaza tramitar la iniciativa de la PAH por suponer un coste global para las arcas públicas de casi 90.000 millones de euros en los próximos veinte años.

La cifra es el resultado de las estimaciones del Gobierno, que cuantifica en 89.490 millones de euros el coste que tendría conformar el parque de vivienda pública para alquiler social recogido en la ley, y otros 186 millones que dejarían de ingresarse con cargo al sistema eléctrico por el bono social.

La proposición de ley establece la obligación de ceder viviendas vacías para que sean administradas como alquiler social la próxima década y, según los cálculos del Gobierno, por un lado se trata de casi 300.000 viviendas privadas que, a razón de 3.600 euros al año de alquiler, tendría un coste anual de 1.071 millones 10.710 millones al cabo de los diez años). Y otras 50.000 viviendas de grandes tenedores que obligarían a un coste anual de 189 millones, lo que supone 3.780 millones al final de las dos décadas de alquiler social a las que se les obligaría.

A ello se suma, según el Gobierno, el cambio de calificación de vivienda pública de régimen de propiedad a alquiler social, que a su juicio pasa por la expropiación. En total, habría que destinar 75.000 millones para proceder a ese cambio obligatorio para obtener 1,25 millones de viviendas protegidas públicas.

Rechazo a la tarifa social energética

Por otra parte, el Gobierno también se refiere al coste que podría tener la tarifa social energética, consistente en un descuento en la factura del suministro que rebajaría el importe en función de los ingresos del usuario o unidad familiar, sin poder rebasar el importe el 30% de los ingresos de la unidad familiar.

Una aplicación que, para el Gobierno, “carecería de la mínima seguridad jurídica, previsibilidad y certidumbre exigidas”, pues critican que se defina su importe “indirectamente”, por la relación entre la suma del importe de la renta del alquiler y el coste de los suministros y el importe de la renta familiar.

Según la proposición de ley, la tarifa se pagaría a cargo del Ebitda (beneficio bruto de explotación) de las compañías eléctricas, por lo que el Gobierno señala que esta vía de financiación repercutiría en la recaudación fiscal proveniente del Impuesto de Sociedades, al reducir la renta obtenida por el contribuyente. Concretamente, en 75 millones de euros, según la estimación de Energía.

Por último, el Gobierno señala que la recaudación en el Impuesto a la Electricidad, los llamados peajes que abonan los consumidores, y de los cuales estarían exentos los beneficiarios de la tarifa social, se vería afectada en 21 millones de euros de menos, y la recaudación IVA en los peajes se reduciría también en otros 90 millones.

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