El exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados no se ha presentado este lunes a declarar ante el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital porque no se le ha conseguido notificar la citación por la querella criminal que presentó hace unas semanas Cristina Cifuentes. La presidenta madrileña emprendió acciones legales contra Granados tras insinuar que conocía la presunta financiación ilegal del partido.
Según han señalado fuentes jurídicas a Europa Press, la Policía Judicial intentó sin éxito notificar al que fuera consejero de Presidencia con Esperanza Aguirre tanto el contenido de la querella como el día señalado para su declaración. Ante esto, Granados, que “solo conoce la querella por los medios de comunicación”, ha decidido junto a su defensa no declarar.
A partir de ahora se tendrá que fijar una nueva fecha.
La cita de este lunes ante la justicia no es la única que tiene Granados en su agenda para este semana. El exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid está citado este jueves para declarar por tercera vez por el caso Púnica ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. Asimismo, comparecerá mañana ante el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre esta presunta trama.
La presidenta de la Comunidad de Madrid presentó la querella criminal el 15 de febrero al entender que las manifestaciones del exsecretario del PP madrileño vulneraron los artículos 205, 206, 208, 209, 211 y 173.1 del Código Penal, o lo que es lo mismo, delitos contra la integridad moral, calumnias e injurias, según la mencionada agencia.
En el escrito de la querella se afirmaba que lo que se había producido “no era tanto el legítimo ejercicio del derecho de defensa, sino un espurio uso de la palabra para descalificar y dañar el buen nombre, honor e imagen de Cifuentes, plenamente encuadrable en el término jurídico de la injuria”. Lo dicho por Granados, según la querella, respondían también al tipo penal de la calumnia.
Asimismo, la querella incluye el delito contra la integridad moral, al entender estas declaraciones como “un ataque de carácter personal, desconectado de cualquier interés procesal, que conllevaba una ofensa directa y gratuita contra la dignidad de Cifuentes”.
