Un informe de la Guardia Civil apunta a que Rato cometió delitos fiscales, de blanqueo de capitales y de corrupción entre particulares. El cerco alrededor de Rodrigo Rato comienza a estrecharse tras darse a conocer un informe que la Guardia Civil ha remitido al juzgado que investiga al exvicepresidente del Gobierno y que apunta a que cometió delitos fiscales, de blanqueo de capitales y de corrupción entre particulares en sus numerosos negocios privados.
El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que recoge la Cadena Ser, se basa en documentos oficiales, informes de la Agencia Tributaria y correos electrónicos de Rato que fueron incautados en los registros hechos hace más de un año en el domicilio y el despacho del también expresidente de Bankia.
Las conclusiones de la Guardia Civil se centran en tres frentes: las gestiones que Rato hizo a través de sus empresas o de sus familiares para beneficiarlas en relación con el crédito que Bankia concedió al Valencia CF; a la ocultación de sus intereses en el banco de inversiones Lazard cuando presidió Bankia; o sus trabajos de asesoría a Telefónica, con los que defraudó a Hacienda cientos de miles de euros.
En cuanto al Valencia CF, la Guardia Civil concluye que Rato utilizó a Bankia para introducir a una empresa de su trama, Aedifica Grupo, en la operación del campo de Valencia a pesar de la delicada situación financiera de la sociedad. La UCO, que considera que Rato pudo cometer un delito de administración desleal, recoge el testimonio del director corporativo de Auditoría Interna de Bankia, en el que manifestaba que “lo llamativo de la operación era la intervención de un grupo constructor de poca solvencia y que mantenía importantes deudas con la entidad y que a pesar de ello la operación fue realizada”.
Según la UCO, “Rato pudo incurrir en una deslealtad frente a la entidad que presidía porque ocultó a Bankia sus intereses personales en la operación”. La operación acabó frustrándose “porque el nuevo equipo directivo paralizó la operación por considerarla sospechosa”.
En el caso de Lazard, la UCO acusa al exvicepresidente de un delito de corrupción en los negocios porque cuando presidía Bankia, “materializó la contratación de Lazard, recibiendo como contraprestación distintas cantidades pactadas con anterioridad y accediendo a una excepcional financiación de 2,2 millones de dólares”. Asimismo, pudo haber cometido un delito de blanqueo de capitales asociado a ese préstamo en el que “se habrían utilizado entramados financieros para encubrir su origen ilícito”.
En el caso del asesoramiento a Telefónica, la Guardia Civil concluye, tras analizar numerosa documentación, que Rodrigo Rato cometió delitos fiscales al facturar sus servicios a nombre de una empresa, Kradonara, y no a su nombre, con lo que se ahorró cientos de miles de euros en el pago de impuestos.
