Nacionalistas y PP también impiden en el Senado la aprobación definitiva de la Ley de la Ciencia

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant / Foto: Jesús Hellín - Europa Press

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant / Foto: Jesús Hellín - Europa Press

El pleno del Senado no ha podido aprobar de forma definitiva el proyecto de reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, debido a que se ha aprobado una de las enmiendas registradas por el Grupo Parlamentario Popular, con los votos a favor de ERC, Junts, PNV, UPN y Vox.

Esta tarde el Gobierno tampoco ha logrado la aprobación definitiva de la Ley de solo sí es sí en el Senado, después de que una enmienda de Junts haya salido adelante con el apoyo del PP, ERC, Ciudadanos, Más Madrid y Coalición Canaria, entre otros.

El texto de ambas leyes tendrá que volver al Congreso y, por tanto, no se podrán aprobar hasta después del verano, pese a las previsiones del Ministerio de Igualdad y del Ministerio de Ciencia e Innovación de que ambas leyes se aprobaran este martes.

A pesar de ello, la Ley de la Ciencia ha sido aprobada en el Senado por una amplia mayoría, con 236 votos a favor, 2 en contra (PSOE y ERC, probablemente debido a un error en la votación) y 16 abstenciones. Ahora, el Congreso de los Diputados deberá pronunciarse sobre la enmienda aprobada en la Cámara Alta.

En concreto, la enmienda aprobada a la Ley de la Ciencia registrada por los populares ha sido la número 76, que insta a la supresión de la disposición adicional décima de la ley, que hace referencia a los contratos que se encuentren asociados a la estricta ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y solo por el tiempo necesario para la ejecución de los citados proyectos, así como para contratos necesarios para la ejecución de programas de carácter temporal cuya financiación dependa de fondos europeos no competitivos.

El Grupo Parlamentario Popular justifica, en su enmienda presentada en el Senado, que hay que «equiparar la contratación evitando la discriminación en base al origen de los mismos, siempre que los fondos sean europeos».

En total, se habían presentado 141 enmiendas, de las que solo se ha aprobado la mencionada.

En el Congreso de los Diputados, la ley fue aprobada el pasado 23 de junio por 279 votos a favor (PSOE, Podemos, PP, ERC y Cs) y 59 abstenciones (Vox, PNV, Junts, BNG y CUP).

INCREMENTO DE LA FINANCIACIÓN Y CREACIÓN DE LA AGENCIA ESPACIAL

Entre otras medidas, el texto garantiza una financiación de la I+D+i estable y creciente para acercarse a los países de la Unión Europea y alcanzar así el 1,25% del PIB en inversión pública para 2030. Por otro lado, la norma prevé la creación de la Agencia Española del Espacio, que se concretaría en un año tras la entrada en vigor de la ley.

La futura ley recoge un itinerario postdoctoral de «incorporación estable al sistema». Así, para los postdoctorales que quieran acceder al sistema, la duración del contrato será de entre 3 y 6 años, con prórrogas de, al menos, un año. Además, fija que las situaciones de «incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia, violencia de género o terrorista», interrumpirán el cómputo del plazo límite de duración del contrato, así como de su evaluación.

Según este nuevo modelo de contrato, el personal investigador con contrato postdoctoral en universidades públicas, Organismos Públicos de Investigación (OPI), fundaciones o consorcios públicos, podrá optar a una evaluación de la actividad investigadora a partir de la finalización del segundo año de contrato, con el objeto de conseguir la estabilización en el sistema, esto es, que tras haber superado dicha evaluación, el personal investigador obtendrá una certificación como «investigador establecido», que además conllevará mejoras salariales.

Además, aprobar esta prueba les eximirá de realizar partes de las pruebas para acceder al sistema público, y se les reservará un mínimo del 15% de la tasa de reposición para este tipo de contratos en las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) en las universidades y del 25% en los OPI.