Esperanza Aguirre ha encontrado otra baza electoral: la nueva ley antitabaco. Cuando quedan apenas cinco meses para las elecciones autonómicas, la presidenta regional ha decidido enfrentarse a la recién aprobada norma del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que entra en vigor el 2 de enero, y ha anunciado que estudiará el margen que deja para poder garantizar los derechos de fumadores y no fumadores.
Durante la rueda de prensa posterior al último Consejo de Gobierno del año, Aguirre adelantó que esperará a conocer la regulación autonómica de la ley para ver si el Gobierno regional “puede hacer algo en algún momento”. Así, aclaró que aunque se deben anteponer “los derechos de los no fumadores por encima de los derechos de los fumadores”, quienes tienen ese hábito “también tienen sus derechos, como por ejemplo, a saber en qué lugares pueden fumar”.
En este sentido, recordó que “la Ley anterior dejaba un margen para que las comunidades autónomas, mediante el desarrollo de la ley por decreto, pudieran tomar unas decisiones u otras”, lo que llevó a la Comunidad a matizar su contenido para permitir fumar en más lugares que la ley original. No obstante, reconoce que a priori “parece” que en este caso será más difícil hacerlo.
Fuentes de la Consejería de Sanidad explicaron a EL BOLETIN que lo que se está estudiando es si la normativa del Ministerio que dirige Trinidad Jiménez permite regulación autonómica. Si es así, “ya se vería como se actúa y si se modifica o no la ley para Madrid”. Hasta ese momento, señalan estas fuentes, la prohibición de fumar en todos los espacios públicos se acatará tal y como lo refleja la ley estatal. En esta línea, la presidenta regional ha asegurado hasta en tres ocasiones que la Comunidad cumplirá de manera “estricta” la ley.
Más allá de sus intenciones, Aguirre aprovechó para cargar contra la decisión del Gobierno de endurecer la ley. “Las autoridades y poder públicos no estamos para inculcar hábitos a los ciudadanos, ni para educarles, por muy saludables que sean estos hábitos. Estamos para acrecentar sus derechos y libertades y en todos caso para preservarlos”, aseveró.
La nueva norma entrará en vigor el próximo 2 de enero en medio de los reproches de las patronales hosteleras que advierten de las pérdidas que puede acarrearles. Además, los hosteleros se han negado a ser los “vigilantes” para garantizar el cumplimiento de la ley, como pretende el Ministerio.
