El Ayuntamiento de Barcelona reclama al Ministerio de Interior que precinte el centro. Si no cumple la orden, acudirá a la Justicia. El Ayuntamiento de Barcelona no se resigna en su intento de precintar el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca. Después de intentarlo hace unos meses, con su correspondiente batalla con el Ministerio del Interior, la huelga de hambre de los internos ha llevado al Consistorio que dirige Ada Colau a volver a la carga al considerar que el centro incumple la normativa municipal y mantiene a los internos en “condiciones infrahumanas”.
Y para lograr su cometido, el Ayuntamiento de Barcelona emitirá una orden de precinto en los próximos días. Orden que el teniente de alcalde de Derechos de Ciudadanía de Barcelona, Jaume Asens, no guarda esperanza de que Interior responda. Por ello, el siguiente paso será el acudir a la Justicia para que dirima la situación del CIE.
A pesar de que el precinto carece aún de fecha para ser aplicado, el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz debería de desalojar el centro en 20 días. Ese es el plazo que sale desde el Consistorio barcelonés. “Daremos un plazo lo más amplio posible para que genere el mínimo trasiego y, si hace falta, se traslade a los internos a otro centro o los pongan en libertad”, ha avanzado Asens.
Como recuerda El Mundo, la primera petición de cierre que emitió el Ayuntamiento fue rechazada por un juez por lo que la estrategia de Colau pasa por una vía de recorrido más largo y que puede acabar en los juzgados penales.
En ese camino, el primer movimiento será la elaboración de un informe de los Bomberos de Barcelona a los que la delegación del Gobierno no ha dejado entrar en el CIE para determinar si cuentan con medidas de seguridad. Con dicho informe técnico en la mano, el Ayuntamiento de Barcelona presentará una orden de precinto cautelar.
