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Una empresa vinculada a De la Serna y al PP de Aguirre deja a sesenta alumnos sin su nuevo colegio en Getafe

domingo 31 de julio de 2016, 00:00h
Obras del colegio a construir en Getafe
Obras del colegio a construir en Getafe
“Está habiendo una serie de problemas en la construcción, como consecuencias de problemas financieros de la constructora que ganó el concurso para llevar a cabo la obra”. Esta frase pronunciada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha elevado las dudas sobre el futuro del colegio que iba a abrir el Gobierno regional en El Bercial (Getafe) para el inicio de este nuevo curso.
 
Desde la Consejería de Educación aseguran a ElBoletín.com que las obras del centro “siguen en pie” y que se está trabajando con “total normalidad”. Unas declaraciones que chocan con la preocupación de Cifuentes ante los “problemas financieros”, así como con las palabras de la viceconsejera de Educación María José García Patrón que ha confirmado esta semana al concejal de Educación de Getafe, Álvaro Gómez, los problemas financieros de la empresa adjudicataria por lo que se han retrasado las obras e impedirá el inicio del curso a pesar de haber realizado el proceso de escolarización. De hecho, las imágenes de las obras que tiene el Ayuntamiento de Getafe muestran la baja actividad. “A tope no hay nada”, aseguran desde el Consistorio a este medio sobre el ritmo de la construcción. Pero hay varias preguntas que rodean el conflicto, sobre todo con la compañía.
 
La famosa constructora, la cual estaría provocando un posible retraso que dejaría a más de 60 alumnos en una situación de incertidumbre al estar escolarizados en dicho centro –sin estar ni construido, pese a que la Consejería insiste en que facilitará la escolarización de los alumnos en otro centro si no se cumplen los plazos-, no es otra que Assignia Infraestructuras S.A.
 
Una empresa que no es desconocida para la Comunidad de Madrid, sobre todo para los hombres de Esperanza Aguirre. El recorrido de Assignia echa a andar cuando el Grupo Essentium centra la mirada en Constructora Hispánica. En noviembre de 2009, el holding le compró la constructora al empresario Alfonso García Pozuelo ante las necesidades de éste por problemas judiciales. El mismo García Pozo que este jueves ha reconocido pagos ilegales al Partido Popular en campañas electorales y a los cabecillas del ‘caso Gürtel’ para la adquisición de obras públicas.
 
Una operación que catapultó a Essentium a un sector constructor en el que Hispánica ya tenía un recorrido, sobre todo con la Comunidad de Madrid donde los negocios con varios consejeros no se detuvieron durante varios años. Las sombras de la Gürtel que se asentaron sobre la compañía de García Pozuelo llevaron al grupo a iniciar un lavado de cara de su nueva adquisición. Para ello, le dio un nuevo nombre y la transformó en lo que hoy en día es Assignia, responsable de la construcción del colegio en El Bercial.
 
Los negocios con la Comunidad de Madrid

Uno de los primeros movimientos de la nueva Assignia, ya entrado 2010, fue fichar al antiguo consejero de Sanidad de Esperanza Aguirre, Manuel Lamela, para su consejo de administración. Fichaje manchado de polémica que estalló cuando se descubrió que Lamela adjudicó a Constructora Hispánica la privatización del Hospital del Tajo (Aranjuez) por 270 millones de euros durante 30 años y que heredó Assignia.
 
De hecho, la Asociación de Facultativos de Madrid (AFEM) llegó a presentar en 2013 una querella criminal contra, entre otros, el que fuera consejero de Aguirre por la vinculación entre cargos públicos y privados. “Apenas hemos hablado de negocios en la Comunidad de Madrid”, afirmó en 2013 la presidenta de Essentium, Susana Monje, que argumentó que no existía incompatibilidad en el nombramiento dado que Lamela dejó la consejería de Sanidad en 2007 y el Gobierno madrileño en 2008. En octubre de 2013, Assignia prescindió de los servicios del político popular.
 
Pero la privatización del Hospital del Tajo ya cayó en manos privadas. A día de hoy el centro está al borde de la quiebra y corre el riesgo de entrar en suspensión de pagos, según un informe de la Cámara de Cuentas. El hospital registra pérdidas acumuladas por más de 153 millones de euros, contando en 2013 con pérdidas que ascendieron a 49 millones. A su vez, acumula deudas con bancos de 3,2 millones y es el único de los hospitales madrileños que funciona como empresa pública que tiene un patrimonio neto negativo (2,5 millones de euros).
 
Ya con la nueva Assignia en marcha los vínculos con la Comunidad de Madrid tampoco se frenaron  pese a las denuncias de movimientos sociales. Como informó la Cadena SER, desde que Lamela entró a la compañía, Essentium y sus filiales lograron casi cuatro millones de euros en adjudicaciones del Gobierno madrileño. “La Consejería de Sanidad, que ahora dirige Javier Fernández-Lasquetty, concedió a Assignia un contrato de asistencia técnica del hospital de la Princesa, en un procedimiento negociado sin publicidad, así como el mantenimiento de varios centros de atención primaria”, publicó la SER en abril de 2013.

Pero Lamela no fue el único que llegó al consejo de administración de Assignia. Otro de los miembros fue Luis Vicente Moro, amigo personal de Ignacio González, por aquel entonces número dos de Esperanza Aguirre. La constructora se hizo con el mantenimiento de las dependencias e instalaciones del complejo de la Presidencia, de los edificios adscritos a la Vicepresidencia, a la Consejería de Cultura y Deporte y a la Portavocía del Gobierno hasta 2014, en una adjudicación concedida por González.
 
A su vez, Acister de Servicios S.A, filial del grupo Assignia dedicada al mantenimiento, como informó la Cadena SER, a mediados de 2013, también adquirió la limpieza integral no sólo de la práctica totalidad de instalaciones del Hospital de Getafe sino también de los distintos centros de especialidades y de salud mental que dependen de él: el Centro de Especialidades de los Ángeles, el punto de urgencias de este último y el Centro de Día de Salud Mental conocido como 'Calle Galicia'.
 
“Insisto, ni conmigo ni con ninguno de los altos cargos de la Consejería de Sanidad ni con los gerentes que ha tenido los últimos años ese hospital el señor Lamela ha realizado ninguna gestión ni ninguna llamada relacionada con nada y mucho menos con el hospital del Tajo”, se defendió el que fuese consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty.
 
El concurso del colegio en El Bercial
 

Unos problemas en el Hospital del Tajo que podrían explicar los problemas financieros que alega Cifuentes. No obstante, hay una cuestión que no cuadra: en las condiciones para participar en los concursos públicos, la empresa participante ha de “acreditar anualmente el mantenimiento de la solvencia económica y financiera” , así como, “cada tres años, el de la solvencia técnica y profesional”, tal y como remarca el artículo 70 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, por el que se basó la licitación de las obras del colegio en El Bercial. Por lo tanto, ¿por qué se adjudicó la construcción a una empresa con este historial y que a los pocos meses pone en duda la obra por “problemas financieros”?
 
Desde la Consejería de Educación responden a ElBoletín.com que “la empresa constructora cumplía con todos los requisitos que marca la Ley de Contratación pública cuando, en marzo pasado, resultó adjudicataria de las obras en un procedimiento abierto”. Un argumento que no termina de convencer a CCOO que ha anunciado a este medio que “desde el sindicato investigaremos esta adjudicación con nuestros servicios jurídicos”.
 
Porque para la organización sindical las cosas entre la Administración Cifuentes y Aguirre-González no han cambiado. “Cifuentes habló de regeneración, pero no hay medidas para garantizar la transparencia y estar libre de sospecha. Hemos pedido cláusulas sociales, condiciones laborales… Rechazamos contratos a empresas bajo sospecha”, denuncia Isabel Galvín, secretaria de Enseñanza de CCOO.
 
Unas cláusulas sociales y laborales para sumar puntos a la hora de la adjudicación que no existen en los pliegos de esta oferta. Tan sólo se habla de que si dos o más empresas empatan en la oferta económica, “tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por ciento, tendrá preferencia”, así como si el licitador dispone “del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla”.
 
El Partido Popular vuelve a cruzarse con Assignia

Según informó El Mundo a finales de 2015 y a principios de julio de este año Voz Populi , el exdiputado Pedro Gómez de la Serna y el exembajador en la India, Gustavo de Arístegui, también tienen supuestos vínculos con Assignia Infraestructuras. Los documentos aportados por Arístegui a la Fiscalía Anticorrupción aseguran que la sociedad de Gómez de la Serna, Scardovi, firmó en 2011 un contrato con Assignia, por el cual la sociedad del popular se comprometía a buscarle negocio en mercados extranjeros.
 
“El 28 de mayo de 2012, según un documento presentado en la denuncia a Anticorrupción, Scardovi y Assignia firmaron otro acuerdo: un anexo al primer contrato, según el cual De la Serna obtendría, en caso de éxito de Assignia en los cuatro concursos a los que optaba en Moldavia, una comisión del 3% por cada uno de ellos”, publicó El Mundo.
 
Los conflictos labores en Assignia florecen

Las cláusulas laborales brillan por su ausencia en el concurso. Unas cláusulas que podrían haber dificultado mucho la participación de Assignia Infraestructuras en el proceso. El Grupo Essentium pasa un conflicto laboral donde los retrasos en el pago de las nóminas han derivado en una huelga de sus trabajadores. Los impagos se acumulan en varias filiales de la matriz donde nadie cobró la paga extraordinaria de diciembre y están pendientes de abonarse varias mensualidades en este 2016, según los sindicatos.
 
De hecho, a principios de mayo, la plantilla que se dedica al mantenimiento y conservación de la ciudad de Arganda, la cual coordina Assignia, se plantó en una “huelga indefinida” secundada por los sindicatos por “la falta de pago de los salarios”, aunque a inicios de junio la frenaron a espera de la intermediación del Ayuntamiento de la localidad. “Esta situación se viene produciendo desde hace un año como consecuencia de la tensión de la tesorería de la empresa”, afirmaron desde CCOO, tal y como recogió el medio Gente en Arganda.
 
Las últimas informaciones sobre el conflicto laboral en Arganda, que datan de principios de este julio, hablan de que, como declaró el Comité de Empresa de Assignia Oficinas Centrales, “la empresa va a seguir abonando la nómina vencida el mes siguiente más una sexta parte de la paga extra de Junio hasta el mes de diciembre”, así como que Assignia “está llevando a cabo la venta de determinados activos” que espera cerrar antes de agosto lo que permitiría “el abono total de los importes pendientes de pago”.
 
¿Qué sucederá con el colegio?
 

Según ha confesado la viceconsejera de Educación al Ayuntamiento de Getafe, el colegio que debería estar para el inicio del nuevo curso no llegará a tiempo. “Esto lo llevamos reclamando meses atrás. Y en todo momento, siempre, siempre, nos confirmaban que estaría listo para septiembre”, confió el concejal de Educación de Getafe. Una situación que tras la reunión de urgencia con la Consejería ha variado a peor.
 
Desde Assignia Infraestructuras declaran a ElBoletín.com que es cuestión de la Comunidad de Madrid trasladar a los medios de comunicación los posibles conflictos con la demora. Algo que ha intentado este medio con la Consejería y que, a su vez, ha trasladado dichas preguntas a la constructora. “Nosotros no podemos hacer la obra”, confiesan. Mientras tanto, los plazos se van agotando.
 
Según el concurso publicado por la Comunidad de Madrid, Assignia se hizo con las obras a principios de marzo dando un plazo máximo de seis meses a la empresa para completar la construcción. En caso de que no se cumpla el tiempo estimado, como parece suceder y como admite la propia Consejería, los pliegos son claros: “El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva”.
 
Si se da la circunstancia de una demora en los plazos, entrará en escena una sanción de 0,20 euros al día por cada 1.000 euros del precio de la adjudicación que se cerró por 1.340.054 euros al ser la “oferta más ventajosa” siendo el criterio económico, como declaró la Consejería a ElBoletín.com, el único que se marcó. Cumpliendo con lo estimado, si en septiembre (cuando se acaben los seis meses de plazo) no está la obra, la Comunidad de Madrid debería, siempre según los pliegos, sancionar a Assignia con 2.680 euros diarios por cada día de retraso. Una situación de la que la constructora no tiene constancia: “A día de hoy desde Assignia no se tiene noticia sobre la posible sanción por parte de la institución titular de la obra a esta constructora”.
 
“Si, al tiempo de la recepción, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por causas imputables al contratista. Su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10% respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad”, zanjan los pliegos del contrato.

Marco González

Periodista o intento, por lo menos. Aprendiendo. Y todo con un mejunje en la cabeza, pero con el periodismo comprometido como pegamento de unión.

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