El concejal de Economía del Ayuntamiento de Madrid cree que hay base jurídica para llevar a los tribunales a los administradores de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo. El delegado de Economía y Hacienda y portavoz del Ayuntamiento de Madrid en la comisión municipal de investigación, Carlos Sánchez Mato, ha avanzado actuaciones judiciales contra los administradores de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) en base al informe definitivo de fiscalización de la Cámara de Cuentas sobre la enajenación de 1.860 viviendas, adquiridas por el fondo Fidere.
«Hay base jurídica para muchas cosas pero especialmente para una actuación con todos los administradores de una sociedad que no han velado por el correcto funcionamiento de la misma y su patrimonio», ha declarado en un receso de la comisión. Sánchez Mato ha añadido que «hay base para actuaciones judiciales y no hay duda de que se ejercerán«.
Estas declaraciones llegan un día después de la publicación oficial del informe de la Cámara de Cuentas que afirma que el equipo de la exalcaldesa Ana Botella vendió esos 1.860 pisos públicos a fondos buitre «sin la existencia de pliegos de condiciones de la venta» y «aplicando exclusivamente las reglas del mercado», según recoge el informe definitivo de fiscalización de operaciones de venta de patrimonio de los años 2012 y 2013. La Cámara llega indicar que esta operación incumplió «las más elementales reglas de publicidad y concurrencia».
La Cámara de Cuentas ha concluido que la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) vendió 1.860 pisos «sin la existencia de pliegos de condiciones de la venta» y «aplicando exclusivamente las reglas del mercado», según recoge el informe definitivo de fiscalización de operaciones de venta de patrimonio de los años 2012 y 2013.
Lo hizo «sin establecimiento previo del valor de mercado del bien a enajenar, que se fijó por acuerdo negociado entre el comprador y el órgano de contratación, y sin estudios o tasaciones previas que fijaran dichos valores”, se lee en un informe que ya se filtró a la prensa hace meses y que fue frenado por la Cámara de Cuentas hasta pasadas las elecciones generales del 26J.
El precio de venta de las 18 promociones, que asciende a 128.500.000 euros, resulta «inferior al valor contable» de aquellas, que es de 159.375.025,53 euros e «inferior también al valor del total de las viviendas con sus correspondientes plazas de garajes y trasteros vinculados», atendiendo al valor máximo posible de venta conforme a su calificación de VPP, que asciende a 151.211.518,09 euros.
El órgano fiscalizados determina que la EMVS «no ha establecido una comisión o instrumento adecuado de seguimiento y control para asegurar el cumplimiento por la compradora de las obligaciones en las que ésta se ha subrogado».
La exinterventora no recuerda
La exinterventora del Ayuntamiento de Madrid, Beatriz Vigo Martín, cesada hace una semana, ha contestado en la comisión municipal de investigación que no recuerda «exactamente» las pegas que puso a la enajenación de patrimonio de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) aunque, a renglón seguido, ha defendido «todos» los informes que firmó.
En un careo entre la exinterventora y los portavoces en la comisión de Ciudadanos, PSOE y Ahora Madrid, Miguel Ángel Redondo, Mercedes González y Carlos Sánchez Mato, respectivamente, Vigo Martín ha contestado que no podía recordar exactamente el contenido del informe de la cuenta general de 2013.
En dicho informe se resaltaba que la venta de patrimonio supuso una pérdida económica de 31 millones de euros sobre lo presupuestado, no se cumplieron los principios de publicidad y concurrencia en la enajenación de activos y destacó que el consejo de administración de la EMVS no era el órgano competente para dejar sin efecto las normas de adjudicación. «No recuerdo exactamente», ha contestado, sin embargo, según declaraciones recogidas por Europa Press.
Frente al que fuera director jurídico de la EMVS, Rafael Requena, que ha comparecido minutos antes afirmando que no era necesario aplicar los principios de publicidad y concurrencia, Vigo Martín ha destacado que en la Intervención mantenía en los planes de auditorías «que debería verificarse en todas las enajenaciones el cumplimiento de esos principios».
