Los abogados del turno de oficio de la Comunidad de Madrid han visto la luz de la mano de Esperanza Aguirre porque en un breve plazo de tiempo podrán cobrar lo que el Gobierno regional les adeuda. De momento ya está abierto el conffirming por los servicios jurídicos gratuitos prestados. Fuentes consultadas por EL BOLETIN descartan que este hecho tenga relación con la querella que ha anunciado el Colegio de Abogados contra Baltasar Garzón por la instrucción del ‘caso Gürtel’.
La institución que representa a los letrados madrileños informa en su página web de que desde el 21 de octubre se ha puesto a disposición de los letrados “las cantidades certificadas durante el tercer trimestre de 2009, tanto de la Comunidad de Madrid, como del Ministerio de Justicia”. Asimismo informa de que “siguen a disposición de los letrados las cantidades certificadas en los dos primeros trimestres a la Comunidad de Madrid y en el segundo trimestre del Ministerio de Justicia”.
De esta manera, el Gobierno que preside Esperanza Aguirre intenta cerrar un conflicto que comenzó a principios de año y que amenazaba con llevar a la huelga a los profesionales que ofrecen asistencia jurídica gratuita. Los letrados, además de exigir el pago de la deuda, que estimaban en cerca de 20 millones de euros sólo de los dos primeros trimestres, temían que la Comunidad privatizara este servicio. Más aún cuando el Gobierno de Aguirre concedió los servicios jurídicos gratuitos en materia de extranjería a despachos como Garrigues o Cuatrecasas.
Sin embargo, el Ejecutivo regional dio marcha atrás y se ha comprometido a no modificar el servicio general del turno de oficio, pero sí a promover un plan que facilite el recorte de gastos en 2010. En este plan, el defendido y su abogado deberían acreditar las razones de los recursos y la presencia en España del interesado.
El consejero de Presidencia, Interior y Justicia, Francisco Granados, presentó este plan después de que a principios de verano acusara a los letrados de abusar de los servicios de justicia gratuita y consideró insostenible el desembolso anual en estos servicios. Los abogados le replicaron que eran acusaciones infundadas. Cuando Granados presentó el plan para 2010 adelantó que se reuniría con los abogados del turno de oficio para solucionar el asunto de los retrasos, sin embargo a fecha de hoy no se ha producido aún el encuentro. EL BOLETIN ha intentado, sin éxito confirmar esta situación con el Colegio de Abogados de Madrid.
Valencia
El Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, en parecida situación respecto a los letrados de oficio, ha rechazado la propuesta de la Consejería de Justicia de pagar los retrasos a plazos. Estos profesionales han anunciado acciones jurídico-administrativas contra la Generalitat valenciana para exigir el cumplimiento del convenio suscrito con la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas en mayo de 2007, relativo al calendario de cobro del turno de oficio. La reacción de la abogacía valenciana se ha producido ante el impago de los honorarios correspondientes al segundo trimestre de 2009. Reclamarán también los intereses de demora correspondientes.
Querella
El otro frente abierto por el Colegio de Abogados de Madrid es la querella que su Junta acordó presentar contra Baltasar Garzón y las dos fiscales del ‘caso Gürtel’ por la grabación de las conversaciones entre los principales imputados y sus abogados. Fuentes jurídicas consultadas por EL BOLETIN señalaron que lo que se acordó fue esperar a que alguno de los letrados afectados presentara la denuncia (algo que cree probable que ya esté pactado) y, en ese caso, presentarse como acusación particular. No obstante, si ninguno de los abogados la presentara, el Colegio tomaría la iniciativa. Las mismas fuentes reconocen no entender el motivo de extender la querella anunciada a las fiscales, dado que es el juez quien ordena las grabaciones y las fiscales “no tienen nada que ver”.
Sea como sea, estas fuentes sostienen que Garzón podría haber incurrido en un delito de prevaricación o de revelación de secretos si efectivamente las grabaciones se llevaron a cabo en el locutorio de la cárcel donde los imputados se encuentran en prisión preventiva, lo cual es ilegal, sostienen. Garzón, por su parte, ha recibido el respaldo de las asociaciones de jueces y de fiscales.
La asociación más contundente en su condena de la querella fue la moderada Francisco de Vitoria que, a través de su presidente Marcelino Sexmero, en declaraciones a Europa Press, ha calificado la denuncia de “totalmente gremialista, infundada y corporativista”.
El portavoz del Foro Judicial Independiente, Conrado Gallardo, señaló que, aunque el colegio de abogados está en su legítimo derecho, recordó que el juez «está investigando un delito y se encuentra con que los acusados del delito le presentan una querella cuando la investigación todavía está en marcha, lo que va a distorsionar la instrucción».
Por su parte, la progresista de Jueces para la Democracia, cree que «hay que distinguir si un abogado actúa a modo de corredor de noticias, lo que no es su función», mientras que la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura opina que hay que ser “extraordinariamente cauteloso”.
Por último, la Unión Progresista de Fiscales mostró su apoyo tanto a las fiscales como al juez porque «no se ha constatado la comisión de ninguna irregularidad y se trata de la investigación de delitos muy serios» mientras que la Asociación de Fiscales hizo ayer público un comunicado en el que manifestaba su apoyo expreso a la actuación desarrollada por las fiscales.
