El presidente de la Generalitat ha comparecido en rueda de prensa marcada por las protestas de los trabajadores de la Radio Televisión Valenciana. Alberto Fabra ha comparecido hoy para explicar el cierre de Radio Televisión Valenciana (RVTT), una intervención que ha estado marcada por las protestas de los trabajadores y en la que ha acusado a los sindicatos de haber provocado esta situación. Según el presidente de la Generalitat, alargaron el proceso del ERE durante año y medio para tratar de negociar con las organizaciones sindicales, que se negaron a hacerlo una y otra vez.
Según ha indicado Fabra, “los sindicatos tendrían que haber asumido la responsabilidad de saber cuáles eran los recursos y qué es lo que se podía hacer con ellos, haber negociado”. Tal y como ha explicado, mantener RTVV como hace tres años era “inasumible” porque eso impedía priorizar los servicios públicos, la Sanidad y Educación, y aunque “no es una decisión nada fácil, es la única que se podía tomar”.
“El momento de negociación ya ha pasado, estuvimos durante año y medio” para poder convertir a RTVV en un ente “acorde a las necesidades actuales”. “Alguien no lo ha entendido, o no lo ha querido entender”, ha dicho Fabra en referencia a los sindicatos, tras lo que ha señalado que “la Administración no es un saco sin fondo, tiene recursos limitados”, y que no va a ser él quien cierre un colegio o un hospital por el hecho de mantener la Radio Televisión Valenciana”.
La sentencia de la Justicia valenciana obliga a la Generalitat a readmitir a los despedidos por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que se hizo sin negociar y que ha sido declarado nulo. “La sentencia no nos deja otra opción, no podemos asumir el coste de la televisión”, ha repetido el presidente regional en varias ocasiones, y ha insistido en que el proceso de cierre se hará “tan rápido como permita la legislación”.
Fabra ha anunciado que la directora general de RTVV “no va a seguir al frente, va a haber un proceso para elegir una serie de personas para la extinción de la televisión”. “Ella ha gestionado el final del ERE, y parte de sus decisiones han propiciado la nulidad del proceso”, ha explicado el presidente de la Generalitat, que ha dicho que los servicios jurídicos de la Administración regional están estudiando cómo llevar a cabo este proceso, pero lo que está claro es que “va a ser un proceso rápido”.
El presidente autonómico no ha sido capaz de cuantificar el coste del cierre de la Radio Televisión Valenciana, aunque ha dicho que “aproximadamente el coste será lo que pueda suponer un año de coste de la televisión”. Según ha explicado, eso es algo que todavía están evaluando porque “hay que readmitir a esas personas despedidas con el ERE, pagarles el tiempo que han estado fuera, y proceder al cierre con las correspondientes indemnizaciones de los 1.800 trabajadores”.
Lo que sí ha dejado claro es que la sentencia de la Justicia valenciana le obliga a volver a un modelo de hace tres años, lo que impediría invertir en lo prioritario, y eso es algo que no va a hacer.
“Sé lo que supone Canal 9 para los valencianos, forma parte de nosotros mismos”, ha asegurado el presidente de la Generalitat, que ha afirmado que “el cierre es innegociable” porque, como ha repetido en más de diez ocasiones, hay que dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos, “priorizando Sanidad y Educación frente a otras partidas, y garantizando el estado de bienestar”.
“Hay que renunciar a muchas cosas para mantener lo prioritario” ha insistido Fabra, quien ha explicado que esta máxima se puede apreciar en los Presupuestos para el 2014, donde “87 de cada 100 euros están destinados a políticas sociales, Sanidad y Educación”.
Asimismo, Fabra ha aprovechado su comparecencia para lanzar un mensaje al Gobierno de Mariano Rajoy. El presidente regional ha dicho que ha tenido que acometer muchos recortes para mantener las partidas sociales, una situación que ha achacado al sistema de financiación, que no permite “servir adecuadamente a los ciudadanos”. Tal y como ha anunciado, seguirá reclamando una nueva financiación porque “ha habido injusticia. Se trata de un sistema que nos maltrata y nos da menos que a otras comunidades autónomas”.
