La presidenta del PP madrileño carga contra Luis López Guerra, de quien dice que sólo es catedrático de Derecho Constitucional y que no esconde su militancia en el PSOE. Esperanza Aguirre lo tiene claro. El responsable de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra la ‘doctrina Parot’ es el representante español en Estrasburgo. La presidenta del PP madrileño ha cargado contra Luis López Guerra, de quien dice que sólo es catedrático de Derecho Constitucional y que no esconde su militancia en el PSOE. En opinión de la ‘lideresa’, esa “dependencia” de los socialistas demuestra que “ha cumplido las consignas de Zapatero”, que había asumido “la exigencia etarra de derogar la doctrina Parot”.
En su columna semanal en ABC Aguirre critica la “infame sentencia del TEDH”, aunque señala que ha servido para algo bueno: ver los “errores” de lo “actuales sistemas de composición y funcionamiento de algunas instituciones”.
La presidenta del PP de Madrid critica al Tribunal de Estrasburgo y sobre todo a las personalidades que lo componen, como el representante español “al que se califica de magistrado, aunque no es juez”. “Luis López Guerra ni es juez ni ha acreditado nunca ningún conocimiento jurídico que le habilite para tomar decisiones de la envergadura de la que acaba de tomar”, asevera Aguirre, que recuerda que sólo es “un catedrático de Derecho Constitucional”.
Asimismo, señala la ‘lideresa’, “su trayectoria como jurista en distintas instituciones siempre ha transcurrido bajo la protección y al servicio del Partido Socialista, del que no esconde que es un militante distinguido”. Es más, dice la ‘popular’, “su dependencia” del PSOE “es total”, y la prueba de ello es “cómo ha cumplido las consignas de Zapatero, según reflejan las actas de las reuniones con ETA, en las que queda claro que los socialistas habían asumido la exigencia etarra de derogar la doctrina Parot”.
No obstante, Aguirre no se queda ahí, y dice que el TEDH, que “ni es tribunal ni es nada, y que sus magistrados, pues lo mismo”, no es un caso aislado, sino que algo parecido ocurre en España con el Tribunal Constitucional.
La ‘lideresa’ indica que a los que se llaman magistrados del Tribunal Constitucional español “no tienen que ser jueces y tienen una escasa independencia de los partidos políticos, que son los que los nombran”. Y también reprocha que su funcionamiento no es el de un tribunal normal, algo que ha quedado demostrado con la “numantina resistencia” que sus miembros han presentado ante la posibilidad de la celebración de oposiciones para acceder al Cuerpo de Letrados del Tribunal. Prefieren la “cooptación de juristas sin pasar por el exigente filtro de las oposiciones”, asevera Aguirre.
Por ello, cree que a partir de ahora “todos los puestos en estos Tribunales deberán ser cubiertos por personas que acrediten su preparación para juzgar en pruebas públicas y abiertas a todos. Y que, por supuesto, sean independientes de los partidos políticos”. Sólo así, concluye la presidenta del PP madrileño, evitaremos “pasar por humillaciones como la que ahora estamos viviendo”.
