La destrucción del empleo público, que comenzó en el tercer trimestre de 2011 cuando José Luis Rodríguez Zapatero dijo adiós a la Moncloa, ha reducido el número de funcionarios a mínimos históricos. El sindicato CSIF denuncia que la Administración se encuentra “al borde del colapso” porque además la plantilla está tan envejecida que casi uno de cada dos empleados de los ministerios se encuentra a las puertas de la jubilación.
Según el último Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, casi un 10% del personal al servicio de los ministerios tiene entre 60 y 64 años, mientras que otro 42 tiene entre 50 y 59 años. Apenas un 1,4% tiene menos de 30 años, frente al 13,2% de entre 30 y 39 años. Es decir, la mitad del personal se encuentra muy cerca de retirarse y solicitar la jubilación anticipada, en función de su dependencia a la Seguridad Social o Muface.
El número de empleados públicos dependiente de la Administración General del Estado se sitúa en 227.814 personas, la cifra menor desde 2004. Mientras tanto, según la última Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE), actualmente hay 2.843.200 funcionarios en España. Una cifra que roza, según CSIF, el mínimo de la serie histórica que comienza en el año 2005 y que se sitúa apenas 10.000 personas por encima, 2.831.500 trabajadores públicos.
Esta situación muestra la delicada situación por la que pasa el sector público en el que las plazas de aquellos trabajadores que se jubilan se quedan sin cubrir. Por si esto no fuera bastante, a esto hay que unir el “despido encubierto de miles de interinos, fundamentalmente en sectores como la enseñanza, la sanidad y los servicios sociales”. Otro de los factores que explican esta reducción de empleo ha sido la congelación en la oferta pública de empleo.
Los mencionados tres factores hacen que el personal de la Administración roce el mencionado mínimo histórico y los sindicatos, como CSIF, pongan el grito en el cielo, advirtiendo de la situación de “colapso” a la que puede llegar un sistema que, de no encontrar soluciones, será “insostenible”. Y es que, según la EPA, más de 580.000 funcionarios tienen más de 55 años.
Según advierten, se está produciendo la “progresiva entrada de la empresa privada a través de la prestación de servicios y puestos relacionados con la gestión” que hasta ahora corría a cargo de empleados públicos.
