Mariano Rajoy reaparece hoy públicamente en Santiago de Compostela tras sus vacaciones de Navidad en medio de la hecatombe judicial en la que está inmerso el PP de esta región. Un acto en su tierra natal dónde la condecoración del expresidente de la Xunta, Gerardo Fernández Albor, será lo de menos, ya que todas las miradas estarán puestas en la imputación al alcalde de la capital gallega, Ángel Currás, y la querella presentada contra José Luis Baltar.
La sombra de la corrupción ‘persigue’ a Rajoy allá por donde va. Cuando los problemas con el PP valenciano han desaparecido, por el momento, al jefe del Ejecutivo se le abre un nuevo frente en Galicia. En un mismo día, dos dirigentes del PP fueron señalados por la Justicia: el alcalde de Santiago de Compostela y el expresidente de la Diputación y de los populares de Orense.
El primero, Ángel Currás, ha sido imputado en la operación Pokémon por presuntas irregularidades en las adjudicaciones de su ayuntamiento; el segundo, José Luis Baltar, vio ayer cómo la Fiscalía se querellaba contra él por presunta prevaricación en la contratación de trabajadores. Unos casos judiciales que van a monopolizar el acto de homenaje que Rajoy presidirá al fundador del PP gallego y expresidente de Xunta, Gerardo Fernández, al que se le entrega este mediodía en Santiago la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica.
Lo de menos será este galardón, ya que toda la expectación estará en conocer la opinión que tiene Mariano Rajoy de lo sucedido, así como si los implicados estarán presentes en este acto, con el consiguiente morbo que esto conllevaría.
Y es que parece que la ciudad de Santiago se ha vuelto ‘maldita’ para el PP. A la reciente imputación a su alcalde hay que recordar que su antecesor en el cargo, Gerardo Conde Roa, ya se vio obligado a dimitir el pasado abril un día antes de que el juez confirmara su imputación por delito fiscal. Una decisión que Conde Roa tomó presionado por Alberto Núñez Feijóo.
Menos sorpresa ha despertado la querella a Baltar, siempre inmerso en polémicas. Una faceta que ha heredado su hijo. No hay más que recordar casos como la construcción de la piscina pública del municipio ourensano de Porqueira. A pesar de tener varias sentencias en contra de esta instalación deportiva, la Diputación, gobernada por el ‘clan Baltar’, insistió en el tema hasta el punto de expropiar de manera forzosa los terrenos por poco más de 400 euros, según El País.
