El Gobierno que preside Alberto Núñez Feijóo ha aprobado un borrador para reformar la ley del suelo gallega en el que se refleja una ampliación de las competencias urbanísticas de los ayuntamientos al eliminar la autorización autonómica con el objetivo de frenar el éxodo de las zonas rurales hacia las urbes e impulsar su desarrollo.
La Xunta de Galicia ha aprobado un anteproyecto de reforma parcial de la Ley de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural, de 2002, que modificará un total de 42 de los 237 artículos. Así, entre las novedades principales del borrador, según ha comunicado la Xunta en una nota de prensa, se encuentra la ampliación de la competencia municipal para otorgar licencias, “sin necesidad de autorización autonómica previa”, en todas aquellas obras o instalaciones directamente vinculadas a la explotación de recursos naturales (naves ganaderas, establos,…).
Además, la reforma supondrá una mayor agilidad en el otorgamiento de licencias en suelo rústico para obras mayores -aquellas que requiere un proyecto técnico completo-, por lo que el tiempo máximo de concesión de licencia se reduce un 60%. Esta medida es factible gracias a que se mantienen los tres meses de plazo municipal pero se eliminan los tres meses necesarios para la autorización autonómica.
La concesión de licencias para obras menores -aquellas de escasa entidad constructiva y económica- se reducirá más aún, hasta un 80%, debido a que únicamente se mantienen el plazo municipal de un mes y se eliminan los tres del período autonómico.
La norma que prepara el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo también contempla una nueva definición del núcleo rural. Así, se amplían de dos a cuatro los tipos: núcleo rural histórico tradicional, reflejado en el marco vigente; rural consolidado, aquel en el que la consolidación de la edificación es igual o superior al 50% de su superficie; rural no consolidado, en este caso el grado de consolidación de la edificación se sitúa entre un el 33% y el 50%; y rural complejo, donde concurren características del núcleo tradicional y de cualquiera de los otros dos.
La Xunta pretende con esta medida recoger las reivindicaciones de la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp), para solucionar los problemas que presenta la actual legislación y contribuir a regular la delimitación urbanística de las alrededor de 30.000 entidades singulares de población existentes en Galicia, y de forma especial de los más de 10.200 núcleos que tienen un mínimo de 10 edificaciones.
El presidente de la Xunta gallega explicó al respecto que el objetivo de la norma es facilitar la construcción en torno a los asentamientos actuales de la zona rural, pero “evitando a dispersión”. “Hay que pasar del bloqueo a la agilidad y de posturas paternalistas a la colaboración leal con los municipios” opinó Feijóo.
