Las asociaciones de jueces han acusado al Ministerio de Igualdad de “cargar sobre sus espaldas las consecuencias más trágicas y horrendas” de los casos de violencia de género por los reproches del delegado del Gobierno, Miguel Lorente, que ve “falta de equiparación” de los magistrados a la hora de otorgar a las mujeres maltratadas una pulsera GPS de protección.
El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Antonio García, ha recordado que “cuando ese tipo de medidas no se adoptan, es porque a la vista de las circunstancias no resultan justificadas”. “Decir que sólo están colocadas 369 pulseras cuando hay 500 mujeres en riesgo potencial y manifiesto es tanto como decir que los jueces no están haciendo lo que deben, trasladando a la opinión pública un mensaje extraordinariamente equívoco por ambiguo y confuso”, ha recalcado García en declaraciones a Europa Press.
Al portavoz de la APM se ha unido su homólogo en la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, que ha culpado a los políticos de escurrir el bulto y acusar a los magistrado “por un déficit o por una omisión en determinada situación”. Sexmero ha destacado que se “han concedido todas las pulseras GPS que se podían conceder en este momento”.
