El movimiento vecinal arropa a Arantxa Mejías tras ser desahuciada por el ‘fondo buitre’

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La FRAVM exige a Fidere que rectifique lo que considera una «venganza» contra la portavoz de los afectados por la operación de Ana Botella. La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), ha hecho público un comunicado en el que -tras mostrar todo su apoyo a Arantxa Mejías, presidenta de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas de la EMVS–  demanda a la empresa Fidere, filial del fondo de inversión Blackstone, que no desahucie a la joven y le renueve el contrato de alquiler, ya que considera que el hecho de ponerla en la calle es una “venganza” y una represalia por haber sido la voz de los damnificados por una operación que puso en manos privadas más de 1.860 viviendas públicas.

La FRAVM recuerda que Mejías reside en uno de los pisos de alquiler de la calle Jacobeo, en el Ensanche de Carabanchel, que la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) vendió a Blackstone durante la etapa de Ana Botella en el Ayuntamiento y destaca que  a diferencia del resto de sus vecinos y vecinas, a los que Fidere ha renovado su contrato de alquiler después de 10 años, la joven ha recibido una misiva de la compañía comunicándole que debe abandonar su vivienda el próximo 6 de octubre.

Destacando que dado que “Mejías carece de deudas con la entidad arrendadora, nunca ha tenido relación con actividades delictivas ni ha ocasionado problemas de convivencia en el vecindario”, todo apunta a que “Fidere ha usado el fin de su contrato para vengarse por las denuncias públicas de su inquilina. Arancha es la cara más visible de los damnificados por la enajenación de los pisos de la EMVS, como pudimos ver en las audiencias públicas de la comisión municipal que investiga esta operación de la época del PP”.

La federación vecinal entiende que “Fidere carece de motivos objetivos para expulsar a su inquilina y considera inadmisible que lo haga por no compartir sus posiciones, como represalia a su actitud de denuncia y de solidaridad con los afectados por la venta de las viviendas públicas”. Apuntando que “la empresa tiene margen para rectificar, por lo que la entidad ciudadana pide que lo haga cuanto antes para garantizar que Arancha y su familia continúen en su actual vivienda y en su barrio, como es su deseo”.

Además, hacen notar que “hechos como el anunciado desahucio de Mejías demuestran que eran falsas las promesas realizadas por los gobernantes del PP de que los inquilinos no verían modificadas sus condiciones con el cambio de propiedad de sus hogares”. Subrayando que dichas condiciones “son hoy mucho más duras y el precio del alquiler, más caro. Cosas que suceden cuando la vivienda deja de estar regulada y pasa de ser considerada un derecho que ha de ser garantizado a un mero elemento de negocio e intercambio”.

Concluyendo su comunicado con un deseo: “La FRAVM espera que pronto se esclarezcan todas las presuntas irregularidades de la operación por la que el Consistorio de la capital vendió en 2013 al fondo buitre Blackstone 1.860 pisos protegidos y que paguen sus responsables”.