Grabaciones de Interior

Jueces para la Democracia pide que se depuren responsabilidades por las grabaciones de Fernández Díaz

Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior en funciones

La asociación judicial carga contra el ministro del Interior en funciones por su “profundo desprecio por las instituciones”. La asociación judicial Jueces para la Democracia ha criticado el “nulo respecto a las instituciones democráticas” del ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, ante las “inaceptables presiones” al jefe Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, que se han conocido en los últimos días tras las grabaciones publicadas por Público.

“Esta actitud revela un profundo desprecio por las instituciones democráticas”, afirma esta asociación judicial progresista, que recuerda a Fernández Díaz que es quien “dirige las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que, en tal calidad, tiene como misión constitucional, proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”.

Según estos jueces, “a ninguno de estos fines se atiene el ministro si utiliza tal puesto para intentar incriminar a rivales políticos en actos de corrupción no investigados ni por la autoridad judicial ni contrastados por los cuerpos policiales bajo su dependencia”.

Además, el Secretariado de Jueces para la Democracia recuerda en un comunicado que la Oficina Antifraude de Cataluña “es una oficina comisionada dependiente directamente del Parlament de Cataluña, cuyo titular está nombrado por él y ante el que le rinde cuentas, nacida para investigar las mordidas y actos de corrupción comúnmente conocidas como 3%”. De ahí que, “debemos denunciar la utilización ilegal y abusiva de las instituciones democráticas, entre las que se encuentra la Judicatura y la Fiscalía, con el fin de eliminar al rival político”.

Esta asociación judicial exige que se investiguen y “depuren las responsabilidades de todo orden de todas las personas implicadas en esta trama, recordando que cualquier actuación en defensa de la legalidad constitucional debe llevarse a cabo por los medios pertinentes, sin que quepan atajos ilegales como el que nos ocupa”.

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