El PP recurrió la fianza que le impuso el juez José de la Mata por financiarse presuntamente con una caja B desde 1990. La Audiencia Nacional ha rechazado el recurso de reposición que el Partido Popular (PP) presentó contra la fianza civil de 1,2 millones de euros que el juez José de la Mata le impuso en su calidad de responsable civil subsidiario por financiarse presuntamente con una ‘caja B’, “desde 1990 hasta, al menos, el año 2008”.
El letrado de la Administración de Justicia -término que sustituye al del secretario judicial- ha dictado un decreto en el que explica que las cuestiones que el PP trata de hacer valer a través de su recurso no se encuentran reflejadas en la diligencia de ordenación que impugnan y el error contable que alegan “a todas luces excede con mucho” el pronunciamiento que puede alcanzar el letrado, según informa Europa Press.
En su decreto, el secretario explica que esta parte impugnó la responsabilidad conjunta y solidaria de los responsables civiles directos y denunció un “error aritmético» en el cálculo de la caución, algo que «excede” de su competencia, sin perjuicio de que el PP “pueda hacer valer tal cuestión por la adecuada vía procesal ante el juez que dictó la resolución cuya aclaración o corrección se interesa”.
El decreto rechaza también la pretensión de los ‘populares’ de hacer en este trámite una tasación definitiva de los bienes embargados en las piezas de responsabilidad civil directa. «Se han realizado en cada una de las piezas las actuaciones y trámites legales pertinentes, concluyendo con el dictado de respectivos autos de solvencia parcial firmes que determinan la citación del declarado responsable civil subsidiario para efectuar el requerimiento de afianzamiento», argumenta.
El decreto, contra el que no cabe recurso, pone también de manifiesto que el letrado de la Administración de Justicia no puede decidir sobre la suspensión del pago que solicitó el PP y que este “ha de circunscribirse a la ejecución de las resoluciones firmes, suponiendo, el pronunciamiento interesado por la parte recurrente, resolver por vía indirecta sobre una cuestión reservada y resuelta por el juez instructor”.
El PP pagó la fianza la pasada semana, tras presentar dos avales bancarios suscritos por Leonardo Rafael Puchol y María Jesús Vega en nombre de la sucursal del Banco Popular, ubicada en la calle Cedaceros de Madrid, según figura en una diligencia del juzgado.
El partido denunció en su recurso, la “patente indefensión” que ha sufrido, toda vez que se le ha requerido el “100%” del pago de la responsabilidad civil que el juez reclama sin conocer cuál es la solvencia de los demás responsables civiles.
“Esta parte no comprende por qué se requiere al Partido Popular para que preste fianza por 1.245.154 euros, cuando este, como responsable civil subsidiario, debe responder únicamente de la cuantía que quede por cubrir una vez se haya procedido contra los bienes de los acusados, responsable directos y solidarios», añade.
El juez efectuó este requerimiento en una diligencia de ordenación, en la que informó de que las fianzas no han sido totalmente cubiertas por los acusados, los ex tesoreros Álvaro Lapuerta, Luis Bárcenas y el exgerente Cristóbal Páez, así como por el despacho Unifica, que reformó las obras de la sede de ‘Génova’.
El PP apunta que el juez impuso a Lapuerta y Bárcenas sendas cauciones de 8,9 millones, a Páez otra de 7,4, y a Unifica una de 4,5, aunque luego rebajó dichas cuantías en 577.249 euros por acusado. A su juicio, la fianza de 1,2 millones del partido debe asumirse “conjunta y solidariamente” por los acusados y, en el caso de que sus bienes no sean suficientes, recurrir de forma subsidiaria al PP.
