Siete ONGs verdes se unen para rechazar “la quema de carbón con subsidios” en España

Mina de carbón
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Las plataformas ecologistas piden a todos los partidos que rechacen la PNL de Foro Asturias para alargar la vida del carbón con subvención pública. Hasta siete plataformas y ONGs verdes piden hoy a los partidos en el Congreso de los Diputados “que asuman que el carbón, principal combustible fósil responsable del cambio climático por su elevado nivel de emisiones de CO2, es una fuente de energía incompatible con un modelo energético sostenible”. Amigos de la Tierra, WWF, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife, Greenpeace, el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) y laFundación Renovables han pedido a todos las formaciones que se opongan a la Proposición no de Ley (PNL) de Foro Asturias, relativa al “futuro del carbón autóctono como factor clave para la soberanía energética española”.

Estas organizaciones se han dirigido a todos los diputados de la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso para recomendarles el voto negativo a esta PNL, al considerar que “cualquier política dirigida a impulsar el uso de este combustible fósil contraviene los acuerdos internacionales de lucha contra el cambio climático y será irresponsable e insolidaria con el resto de las personas que habitan este planeta (generaciones presentes) y con las generaciones futuras”.

En general, se pide rechazar cualquier propuesta que implique el desarrollo de políticas que garanticen la continuidad del uso del carbón, ya sea autóctono o importado. La plataforma denuncia que la PNL de Foro Asturias “pretende prolongar la actividad minera y el abastecimiento de carbón autóctono más allá del año 2018 y favorecer el consumo del carbón nacional en las centrales térmicas, mediante beneficios fiscales”. En un comunicado, recuerda que según un análisis del contenido de esta PNL, realizado por Greenpeace y el IIDMA, queda demostrada “la inconsistencia de sus planteamientos y la ilegalidad de algunas de las medidas propuestas”.

“El pasado 22 de abril, España suscribió el acuerdo climático adoptado en París a finales de 2015, asumiendo así como país el compromiso de sumar esfuerzos para mantener el aumento de la temperatura media del planeta por debajo de 1,5 ºC y reducir las emisiones de CO2 a cero lo antes posible”, recuerdan las ONGs. Destacan que las subvenciones al carbón deben respetar la normativa en materia de ayudas de Estado de la UE, la relativa a las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas hasta 2018, así como las Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía 2014-2020.

Por todo ello, estas organizaciones consideran que “ningún partido político debería apoyar la quema de carbón en España con subsidios, incentivos o bonificaciones, ni para su extracción ni para su combustión para la producción de energía”.

“Los subsidios al carbón ya han costado a los ciudadanos en España más de 32.000 millones de euros, destinados a perpetuar y apoyar el uso de este combustible”, denuncian, y subrayan que sólo las empresas mineras relacionadas con la extracción de carbón han recibido ayudas por valor de 22.000 millones desde el año 1992.

En su alegato también subrayan que seis países de la UE ya han cerrado todas sus térmicas de carbón y otros como Reino Unido, Alemania o Portugal ya han puesto fecha de cierre para todas sus centrales térmicas de carbón. “Sin embargo, en España, el quinto país de la UE con el mayor porcentaje de producción de energía con carbón, el consumo de este combustible creció el año pasado un 23%”. Denuncian que las emisiones de CO2 en España crecieron un 5% en 2015 con respecto a 2014 debido a la quema de carbón en las centrales térmicas para la producción de electricidad.

Sin olvidar a las comunidades de trabajadores en torno a la extracción de carbón, la plataforma verde recuerda que “el cierre de la minería debe ir acompañado de planes de “transición justa”, como ha validado la Organización Internacional del Trabajo”. Sostiene que el sector renovable ha perdido 22.000 empleos y “más de 60.000 personas están al borde de la quiebra por sus inversiones en energías renovables a causa de la nefasta reforma del sector eléctrico llevada a cabo por el ahora dimitido José Manuel Soria” en su etapa al frente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

A pesar de que los representantes de cada partido delatarán hoy su postura sobre esta transición energética, las decisiones tomadas por estas comisiones quedará anulada ante la próxima convocatoria de nuevas elecciones, lo que obligará a repetir las propuestas con los nuevos parlamentarios antes de aspirar a ver la luz en forma de ley.