Los médicos lanzan una campaña para denunciar el alto coste de los medicamentos y reclamar su acceso universal

No Es Sano, la nueva iniciativa de varias organizaciones de médicos y de consumidores que reclama unos “criterios de interés público” que no impida el acceso a los fármacos. Varias organizaciones sanitarias lo tienen claro: el alto coste de los medicamentos deteriora gravemente a la sociedad. Salud Por Derechos, Médicos del Mundo, la Organización Médica Colegial, la Organización de Consumidores y Usuarios, Sespas, Cecu y No Gracias se han unido, con la colaboración de Oxfam Intermón e IS Global, para lanzar la
campaña No Es Sano donde concienciar y denunciar sobre el problema del sobrecoste de los fármacos.

La plataforma ha querido reclamar la necesidad de introducir “criterios de interés público” para evitar el devenir de un sistema de innovación de fármacos que “se ha convertido en una barrera para el acceso al derecho a la salud de millones de personas en todo el mundo”. “Los medicamentos no pueden ser un lujo al alcance de unos pocos”, ha sentenciado Mónica Cavagna, técnico de salud en la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Y en este conflicto el actual sistema de innovación no ayuda nada donde la investigación y desarrollo de medicamentos se centra “exclusivamente en enfermedades rentables”. No Es Sano ha recordado que esas “enfermedades rentables” las sufren mayoritariamente personas “en países de ingresos medios y altos y que aseguran un gran retorno de beneficios económicos”, dejando de lado a aquellas naciones con más problemas de ingresos.

Algo que no se debe obviar al ver los datos facilitados por la Organización Mundial de la Salud. La OMS recientemente ha contabilizado que más de 2.000 millones de personas no tienen acceso a los medicamentos que necesitan. Una cifra que se traduce en casi un tercio de la población mundial que vive en países empobrecidos. Pero no sólo repercute el alto precio a países empobrecidos, el peligro también ha llegado a países europeos, como se ha podido comprobar en España.

De hecho, la OCU afirmó que el 22% de los usuarios del Sistema Sanitario español deja de comprar algún medicamento por ser demasiado caro. Algo a lo que no ha ayudado la introducción del copago farmacéutico, tal y como denunció la Federación de Asociaciones para la Salud Pública (FADSP): desde que el PP apostó por esa medida el 14,8% de las personas que reciben una prescripción no puedan retirarla en farmacia por motivos económicos.

Pero el caso más fragante que se ha vivido en la última época en España fue el de los afectados por la Hepatitis C. Un conflicto donde varios enfermos han fallecido por no recibir a tiempo el medicamento por no poder permitirse el alto coste o por la falta de respuesta del Ejecutivo. Un fármaco que, tras varios meses de presión ciudadana, supusieron 1.090 millones de euros al Gobierno de Rajoy y que la semana pasada reprochó el ministro Cristóbal Montoro para justificarse del desvío del déficit público. “Más allá de ser injusto y desafortunado, su análisis obvia el verdadero origen del problema: el alto precio que tiene el medicamento y cómo se fija”, ha reprochado la directora de Salud Por Derecho, Vanessa López.

Por ello, desde No Es Sano se ha querido hablar de “un problema global” donde los costes “crecen cada año, amenazando la sostenibilidad de los sistemas de salud”. De hecho, el colectivo ha querido colocar el foco sobre dos cuestiones concretas que provocan ese sobrecoste:

1.-Los precios no están justificados por los cortes de la investigación sino que se fijan “arbitrariamente” según las estimaciones que hacen las empresas contando con “cuánto pueden pagar los pacientes, los sistemas de salud o las aseguradoras”.

2.- Las “estrictas normas de propiedad intelectual” también tienen que ver en el precio ya que el descubrimiento y desarrollo de medicamentos está envuelto de un entorno que No Es Sano ha definido como “hiperpatentado”. En este enclave, cada uno de los productos está sujeto “de manera simultánea” a varias patentes que “afectan a sus diferentes componentes, a su formato o a la exclusividad de los datos que han dado lugar al descubrimiento”.

“Es un sistema ineficaz y costoso, en ocasiones más interesado en proteger los derechos de propiedad intelectual que en garantizar la innovación de interés público y el acceso a los medicamentos”, ha denunciado Elena Villanueva, coordinadora de Análisis de ISGlobal.

No obstante, Oxfam Intermón ha aportado un tercer concepto: la ambición de las farmacéuticas (aunque está muy ligado a la propiedad intelectual). Y como muestra, un botón: “Hace apenas cuatro meses, el precio de un fármaco pasó de 13,5 dólares a 750 dólares por comprimido de la noche a la mañana, debido a que una empresa se hizo con sus derechos de comercialización en Estados Unidos”, ha denunciado la organización internacional.

Y para evitar este ritmo que llevan los precios de los fármacos, desde No Es Sano han reclamado un ejercicio de transparencia en todo el proceso que rodea a la realización y a la compra del fármaco. Así como la “introducción de criterios de interés público en todas las inversiones que el estado realice en este ámbito; y el impulso de nuevos modelos de innovación a través de gobiernos, instituciones y centros de investigación que promuevan iniciativas de I+D basadas en nuevos modelos de investigación y desarrollo de medicamentos que no dependan exclusivamente de las patentes como incentivo y modelo de negocio”.

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