La plataforma ciudadana creada para garantizar el uso público de la finca celebra este domingo que la Justicia ha tumbado el Plan Especial que aprobó el PP para dicho espacio singular. El movimiento vecinal ha ganado la batalla a Ana Botella y, finalmente, la Quinta de Torre Arias no se ‘tocará’, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) les haya dado la razón anulando definitivamente del Plan Especial aprobado por el Ayuntamiento de la capital, que contemplaba el derribo de algunos elementos arquitectónicos de la finca.
La resolución del TSJM, fechada el pasado 18 de marzo y contra la que no cabe recurso, acepta así la petición incluida en el recurso contencioso administrativo prensentado por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y la Asociación de Vecinos la Amistad de Canillejas de suspender el derribo de varios inmuebles incluidos en la finca al considerar que supondría “un quebranto patrimonial imposible de restaurar”, por lo que “el perjuicio del interés general sería irreparable”.
Raúl Maillo, abogado de los recurrentes y de la FRAVM, califica el fallo como “importante correctivo frente a la actuación realizada por el Ayuntamiento, mostrando que el plan especial, lejos de proteger la quinta, en su conjunto o en sus elementos individuales, los desprotegía y ponía en peligro, además de reconocer otros fallos en su procedimiento de aprobación”.
Por ello, no es de extrañar que desde la FRAVM califiquen la sentencia de “importante victoria ciudadana” ya que los vecinos del distrito de San Blas-Canillejas vienen movilizándose desde febrero de 2014 para garantizar el uso público de esta finca muy querida por los residentes en la zona.
Atrás quedan dos largos años de lucha con concentraciones los últimos domingos de cada mes a las puertas de la finca para impedir que el Ayuntamiento, presidido por Ana Botella derribará inmuebles o pusiera en manos privadas parte de este vergel de 18 hectáreas en plena calle de Alcalá, al que le había ‘echado el ojo’ la Universidad de Navarra, vinculada al Opus Dei.
En sus exigencias han contado con el apoyo de partidos políticos como el PSOE o IU y Ahora, junto a colectivos como Madrid Ciudadanía y Patrimonio, una asociación de defensa del patrimonio histórico, artístico, cultural, social y natural de la Comunidad de Madrid, que pretende que la Comunidad de Madrid declare como Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto Histórico,” con el fin de preservar tanto su unidad funcional como su integridad física”.
La hora de la celebración
Por eso, la sentencia judicial ha sido recibida con alegría por los colectivos vecinales. “Desde el principio pensábamos que esto estaba muy mal hecho y medido por el anterior Ayuntamiento y ahora, por fin, la justicia nos ha dado la razón”, recuerda Andrés Cabrera, presidente de la plataforma. quien reconoce que “ahora toca celebrarlo, cosa que haremos este domingo, con un vermut, tras el acto que tenemos previsto celebrar en el Centro Cultural Buero Vallejo”.
En dicho acto dominical y festivo, la plataforma dará cuenta de las joyas que esconde la finca y realizará un repaso de estos dos años de lucha ciudadana contra el proyecto de cesión y cambio de uso de este privilegiado espacio de 184.486 metros cuadrados, calificados como zona verde singular.
Recordarán también que, tras tener las primeras noticias de que la quinta estaba en el punto de mira del Opus Dei, reivindicaron que esa zona verde pertenece al barrio -puesto que fue cedida por sus propietarios a la ciudad de Madrid “para uso y disfrute de los madrileños”- y rememorarán que la respuesta del Consistorio fue aprobar con los votos en solitario del PP un Plan Especial.
Dicho plan -que es el que ha tumbado definitivamente el TSJM- pretendía segregar la finca, cediendo sus edificaciones más singulares para usos dotacionales educativos privados, derribando edificaciones emblemáticas de alto valor histórico, y construyendo un nuevo edificio de 1.300 m2, así como un parking de 106 plazas, sin importarles el impacto negativo sobre todo el conjunto.
Raúl Maillo, abogado de los recurrentes y de la FRAVM, califica el fallo como “importante correctivo frente a la actuación realizada por el Ayuntamiento, mostrando que el plan especial, lejos de proteger la quinta, en su conjunto o en sus elementos individuales, los desprotegía y ponía en peligro, además de reconocer otros fallos en su procedimiento de aprobación”.
Los elementos cuyo derribo se paraliza son una vivienda anexa al palacio que data de los años 1990 a 1995; una vaquería construida como pabellón de lechería, un matadero y una perrera, todos ellos de principios del siglo XX; una casa de jardineros que aparecía en la planimetría de 1865; un pozo y una alberca en la zona sur; una caseta junto al arroyo conocida como la `casa de las patatas’; un invernadero acristalado de principios del siglo XX; una caseta de aperos….
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