La plataforma APPA espera un fallo del Supremo para defender los intereses del sector de las energías limpias. El recurso interpuesto por la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) contra el Real Decreto que regula los recortes de ayudas a la producción de energía renovable está a un paso de llegar al Tribunal de Justicia de la UE, según la propia plataforma denunciante. APPA quiere defender ante los jueces comunitarios “los intereses del sector de las renovables”.
En concreto, el Supremo ha dictado providencia contra el real decreto que regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. Una vez dictada esta providencia, y habiéndose evacuado el trámite de conclusiones por las partes, que son APPA y la Abogacía del Estado en representación del ministerio de Industria, su contenido queda pendiente de señalamiento para votación y fallo por parte del Supremo.
“Esta providencia es de suma importancia en cuanto al acceso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en tanto que se abre la puerta para atender la pretensión de APPA de elevar la cuestión prejudicial formulada en su demanda, dónde se plantearon toda una relación de dudas en relación a la interpretación y de adecuación del Real Decreto”, informa la plataforma, que confía en poder representar, a corto plazo, a los afectados por el ‘hachazo’ a las renovables ante la UE.
APPA también señala que ambas partes han acordado en el procedimiento la idoneidad de elevar el proceso a cuestión prejudicial, a la vista de la posible apertura de un Procedimiento de Examen Preliminar de Ayudas de Estado.
Los recortes en las subvenciones a la producción de energía renovable dejó al sector con 2.000 millones de euros menos solo en 2014. Desde que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero decretara la desinversión en energías limpias, los recortes del Gobierno sucesor han convertido a España en el primer país europeo con más demandas ante cortes internacionales de arbitraje por atentar contra la seguridad jurídica de los inversores en energías limpias.
