El juez cree que habría que premiar a los denunciantes con beneficios procesales aunque actúen por venganza política. El juez Pablo Ruz, anterior instructor de casos tan mediáticos como Bárcenas o Gürtel, se ha lamentado de que el compromiso de las entidades de crédito en las investigaciones anticorrupción “deja mucho que desear”, al tiempo que ha solicitado que se dote a los jueces de peritos especializado, tal y como ya se ha hecho con los fiscales.
Así lo ha defendido durante una jornada organizada por Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales en la que ha compartido escenario con el fiscal de la Audiencia Nacional Daniel Campos. Según destaca la agencia Efe, ambos han propuesto una regulación que prevea “premios” procesales e incremente las garantías de protección para quienes denuncien casos de corrupción y de delincuencia económica.
Pablo Ruz ha estimado que hay una deficiente regulación en materia de particulares y copartícipes que denuncian ya que se ha quedado obsoleta la ley de protección de testigos. A su juicio para que salgan a la luz comportamientos ilícitos en esta materia habría que premiar a los denunciantes con beneficios procesales aunque actúen por venganza política, como por ejemplo por no ir en unas listas electorales. Además ha considerado que habría que “blindar” al denunciante para que no pierda su trabajo o sufra un perjuicio económico por ser considerado un traidor.
El fiscal Daniel Campos ha estimado que hay que incentivar las denuncias de estos casos por parte de funcionarios garantizándoles que no sufrirán represalias y que se premie también al “malo” que esté dispuesto a dar información y pruebas de delitos de corrupción como ya se hace en los de terrorismo y narcotráfico.
Por otra parte, Pablo Ruz ha reclamado que se dote a los jueces de peritos a su servicio para estos casos como ya tienen los fiscales anticorrupción y más compromiso de las entidades de crédito en su colaboración con estas investigaciones, que en la actualidad “deja mucho que desear”.
La jornada ha sido inaugurada por la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que ha estimado que la corrupción se debe resolver por la sociedad no solo en los tribunales y ha planteado que habría que reflexionar sobre el oscurantismo y la irracionalidad de los procedimientos administrativos como el origen de algunas conductas.
