Baltasar Garzón o José Antonio Martín Pallín son algunos de los miembros de la plataforma ‘Dos Millones De Votos’. Casi dos millones de españoles residentes de manera temporal o permanente en el extranjero “se enfrentan a obstáculos” para ejercer su derecho al voto. Así lo denuncia la plataforma de juristas Dos Millones De Votos que acaba de ver la luz con el objetivo “de denunciar esta situación y prestar apoyo práctico a estos ciudadanos” para “asegurar su libre participación” en las elecciones generales del 20 de diciembre.
Estos juristas, entre los que se encuentra Baltasar Garzón o José Antonio Martín Pallín, han impulsado la web www.dosmillonesdevotos.org desde la que se ponen “a servicio” de todo aquel español en el extranjero que quiera votar, pero que tenga problemas para ello. Esta plataforma, según remarcan en un manifiesto, “se constituye con carácter independiente y apartidista y tiene como objetivo prestar apoyo técnico y práctico” a este colectivo de cara a la cita en las urnas del próximo diciembre.
El número de españoles residentes en el extranjero (CERA), explican estos juristas en la mencionada web, ha ido aumentando de forma considerable en los últimos años, hasta llegar a los cerca de dos millones (1.870.570 -Censo CERA de Septiembre del 2015).
Pese a ello, “su participación en las elecciones ha descendido notablemente desde la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General 2/2011 del año 2011”. En mismo año, el número de votantes CERA en las elecciones generales de noviembre, no superó los 74.000 votos; “cifras cercanas a los datos registrados en las elecciones generales del año 1989, cuando el número de residentes españoles en el extranjero era inferior a un octavo del actual”.
A continuación se reproduce el manifiesto de esta plataforma:
1. Preocupados por el efecto sumamente negativo que ha tenido la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General 2/2011 del año 2011 sobre el ejercicio del derecho al voto de los españoles residentes de manera temporal o permanente en el extranjero como consecuencia de la modificación del artículo 75 de la Ley Orgánica 5/1985 del año 1985 y la introducción de la solicitud de voto (“voto rogado”);
2. Convencidos de la necesidad de que las instituciones democráticas eliminen todos los obstáculos existentes de tipo técnico y práctico al ejercicio libre del derecho al voto reconocido por el artículo 23 de la Constitución Española;
3. Habiendo constatado la falta de acción de la mayoría de las instituciones públicas ante una situación que consideramos inaceptable en una sociedad democrática y avanzada como la española;
4. Persuadidos de la necesidad y urgencia de acudir en auxilio de conciudadanos españoles cuyo derecho al voto se ha visto seriamente mermado por el simple hecho de residir en el extranjero; y
5. Dispuestos como juristas a poner al servicio de los españoles residentes en el extranjero nuestro apoyo institucional y técnico.
