La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, hace un balance de los tres primeros meses de 2015. La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, presenta hoy en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Defensor del Pueblo un balance de sus actuaciones durante este primer semestre de 2015, a la vez que expondrá las conclusiones del informe anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) y de los estudios monográficos ‘La escucha del menor, víctima o testigo’ y ‘La situación de los presos españoles en el extranjero’.
El estudio ‘La escucha del menor, víctima o testigo’ analiza la posición jurídica del menor y su derecho a ser escuchado en tres momentos claves del proceso penal: la sede policial, la preconstitución de la prueba y el juicio oral.
Fue remitido a las Cortes en mayo y, en él, Becerril urge a los parlamentarios a actuar para que los menores sean escuchados en los juicios. Plantea también medidas para favorecer entornos que disminuyan en lo posible el impacto emocional que sufren los menores cuando tienen que declarar o testificar, tal y como informa Europa Press.
A su vez, recomienda instalar sistemas de videoconferencia y salas específicas en edificios judiciales que permitan al menor prestar declaración en un entorno adecuado y acompañado por personas de su confianza, al mismo tiempo que aboga por utilizar un lenguaje «comprensible» y que no intimide al menor.
La Defensoría ve necesario la adopción de medidas para que los menores víctimas de delito no coincidan en sede policial con los presuntos autores, a la vez que insta a reforzar las oficinas de asistencia a las víctimas y que éstas cuenten con una persona que pueda acompañar a los menores a lo largo de todo el proceso penal.
Este estudio formula recomendaciones para que las administraciones den cumplimiento al nuevo Estatuto de la Víctima en relación a la escucha del menor, víctima o testigo, tras comparar la legislación nacional con los principales estándares internacionales y europeos.
Becerril presentará también este martes el informe ‘La situación de los presos españoles en el extranjero’, en el que analiza 224 expedientes de españoles que cumplen condena en cárceles de 27 países.
En total, a finales de 2014, 1.735 ciudadanos españoles cumplían condena en otros países, principalmente (en cuatro de cada cinco casos) por delitos relacionados con el tráfico de drogas.
