Los auditores forenses de Pescanova lo tienen claro. La cúpula directiva de Pescanova no sólo estaba al tanto de la falsedad de las cuentas de la piscícola, sino que promovió estas prácticas con el fin de ocultar sus dificultades financieras a proveedores, clientes y el conjunto del mercado. Así lo concluye el pormenorizado informe de KPMG.
En una de las sentencias más lapidarias del documento, los expertos determinan que las prácticas de falseo de cuentas eran “instruidas, ejecutadas, llevadas a cabo o conocidas, en mayor o menor medida” por miembros de la cúpula directiva de Pescanova. Sonoro revés para el todavía presidente Manuel Fernández de Sousa, que fue quien precisamente contrató los servicios de KPMG para desentrañar una realidad contable que se ha revelado mucho más complicada de la que vaticinaban las primeras pesquisas.
Sentencias como ésta salpican un informe de más de 300 páginas que ya ha sido remitido a la administración concursal de Pescanova, en manos de la también auditora Deloitte, y a la misma Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ya ha anunciado el estudio de medidas al respecto. Otra de las frases más esclarecedoras en cuanto a la gestión de Fernández de Sousa comenta que “os hechos, operativas y prácticas desarrolladas por el grupo Pescanova no fueron fortuitos, sino que fueron resultado de una planificación de forma consciente que se ha venido realizando durante varios años por parte de la dirección”.
Por su parte, el todavía presidente de la compañía en concurso de acreedores ya ha defendido que todas las iniciativas llevadas a cabo en Pescanova, “equivocadas o no”, se hicieron con el objetivo de “mantenerla viva”. Unas prácticas que podrían estrechar aún más el cerco que la Justicia marca ya sobre Sousa y sus colaboradores más cercanos en la cúpula de la pesquera gallega.
Entre las falsedades que se imputan a la compañía y sus altos responsables está la contratación de testaferros en compañías puramente instrumentales para hacer de pantalla y ocultar deudas, facturación irreal y formalización de créditos documentarios sin que existieran transacciones reales con la mercancía, según se desprende del informe que también ha pasado ya a manos del juez de Pontevedra que vigila el proceso concursal de la compañía y que nada más decretar la protección frente a acreedores retiró cualquier capacidad ejecutiva a un consejo de administración sobre el que cada vez pesan más sombras.
